La Argentina sufrió un nuevo revés judicial en los Estados Unidos. La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó el pedido del Estado argentino para desestimar la demanda presentada por Titan Consortium, que busca ejecutar el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.
La decisión mantiene vigente la condena dictada en 2017 por el tribunal arbitral del Banco Mundial, que estableció una compensación de US$ 320 millones a favor de los antiguos accionistas de la compañía. Con los intereses acumulados durante estos años, el monto total asciende actualmente a aproximadamente US$ 390 millones.
El conflicto se remonta a julio de 2008, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió reestatizar Aerolíneas Argentinas y Austral, entonces controladas por el grupo español Marsans. La medida fue presentada por el Gobierno como una decisión estratégica para preservar la conectividad aérea del país y evitar el colapso operativo de la compañía.
Sin embargo, los accionistas españoles cuestionaron la valuación realizada durante el proceso de expropiación y recurrieron al CIADI, que finalmente falló en contra del Estado argentino.
Posteriormente, los derechos de litigio fueron adquiridos por Burford Capital, el mismo fondo que participó en las demandas vinculadas a la expropiación de YPF. Más adelante, dichos derechos fueron transferidos a Titan Consortium, que actualmente impulsa la ejecución de la sentencia en los tribunales estadounidenses.
El fallo de la Corte de Apelaciones representa un nuevo capítulo en una disputa judicial que ya lleva más de quince años y que vuelve a poner sobre la mesa el costo económico derivado de las expropiaciones realizadas por el Estado argentino durante la pasada década.
Para Aerolíneas Argentinas, que desde su reestatización logró recuperar participación de mercado, renovar su flota y alcanzar en distintos períodos resultados operativos más equilibrados, la decisión judicial no tiene consecuencias directas sobre su funcionamiento actual, aunque sí podría generar un nuevo impacto sobre las cuentas públicas nacionales.
El caso se suma a otros litigios internacionales que enfrenta la Argentina en tribunales extranjeros y constituye otro recordatorio de los riesgos financieros asociados a las controversias derivadas de procesos de nacionalización y expropiación de activos estratégicos.