La Argentina sufrió un nuevo revés judicial en los Estados Unidos. La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó el pedido del Estado argentino para desestimar la demanda presentada por Titan Consortium, que busca ejecutar el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.
La decisión mantiene vigente la condena dictada en 2017 por el tribunal arbitral del Banco Mundial, que estableció una compensación de US$ 320 millones a favor de los antiguos accionistas de la compañía. Con los intereses acumulados durante estos años, el monto total asciende actualmente a aproximadamente US$ 390 millones.
El conflicto se remonta a julio de 2008, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió reestatizar Aerolíneas Argentinas y Austral, entonces controladas por el grupo español Marsans. La medida fue presentada por el Gobierno como una decisión estratégica para preservar la conectividad aérea del país y evitar el colapso operativo de la compañía.
Sin embargo, los accionistas españoles cuestionaron la valuación realizada durante el proceso de expropiación y recurrieron al CIADI, que finalmente falló en contra del Estado argentino.
Posteriormente, los derechos de litigio fueron adquiridos por U$S 25 millones por Burford Capital, el mismo fondo que participó en las demandas vinculadas a la expropiación de YPF. Más adelante, dichos derechos fueron transferidos por U$S 107 millones a Titan Consortium, que actualmente impulsa la ejecución de la sentencia en los tribunales estadounidenses.
El fallo de la Corte de Apelaciones representa un nuevo capítulo en una disputa judicial que ya lleva más de quince años y que vuelve a poner sobre la mesa el costo económico derivado de las expropiaciones realizadas por el Estado argentino durante la pasada década.
Para Aerolíneas Argentinas, que desde su reestatización logró recuperar participación de mercado, renovar su flota y alcanzar en distintos períodos resultados operativos más equilibrados, la decisión judicial no tiene consecuencias directas sobre su funcionamiento actual, aunque sí podría generar un nuevo impacto sobre las cuentas públicas nacionales.
El caso se suma a otros litigios internacionales que enfrenta la Argentina en tribunales extranjeros y constituye otro recordatorio de los riesgos financieros asociados a las controversias derivadas de procesos de nacionalización y expropiación de activos estratégicos.
Un poco de historia:
Aunque en realidad la sentencia ya estaba escrita desde julio de 2017, y antes también, cuando el tribunal arbitral del Banco Mundial, dictó su veredicto sobre la expropiación compulsiva de Aerolíneas Argentinas y del resto de las empresas que conforman el grupo: Austral, Aerohandling, Optar, JetPaq. La decisión entonces fue que la Argentina debería pagar U$S 320,7 millones, más los intereses y las costas. En junio de 2019 el tribunal confirmó la sentencia al rechazar la intención argentina de anular el laudo argumentando que el tribunal se había extralimitado en sus facultades y que había habido un quebrantamiento grave de una norma fundamental de procedimiento.
Es importante recordar que antes de llegar a la expropiación, Marsans y los funcionarios argentinos habían acordaron el traspaso de la compañía a través de un acuerdo. Marsans decía que la compañía valía algo más de U$S 1.500 millones, según la tasación elaborado por el Credit Suisse Securities, mientras que el Tribunal de Tasación de la Nación sostenía que valía cero. En realidad, que tenía un valor negativo de U$S 949 millones. El pacto preveía que en caso de desacuerdo las partes debían someterse a un tasador internacional, independiente, cuyo fallo sería inapelable. El Gobierno decidió obviar esta instancia, por lo que optó directamente por una ley de expropiación que llevó al Congreso. El Grupo Marsans recurrió entonces al CIADI y el fallo final llegó ahora. No serán los dueños de Marsans quienes van a cobrar, pero si los argentinos los que van a pagar.