A casi una década de haber planteado públicamente reparos sobre la valuación de Aerolíneas Argentinas, Néstor Farías Bouvier, ex Secretario de Industria, ex Presidente-CEO de Austral durante su privatización y restructuración y ex Presidente de Nucleoeléctrica Argentina, NASA, volvió a poner el tema sobre la mesa mediante una columna en el diario Clarín, tras la reciente confirmación judicial en Estados Unidos del laudo del CIADI contra el Estado argentino. La condena, que originalmente superaba los US$ 320 millones, actualmente ronda los US$ 390,9 millones con intereses.
El caso Aerolíneas Argentinas/Marsans vuelve a generar interrogantes, esta vez alrededor de un aspecto económico que, según el ex presidente de Austral, no habría sido analizado con la profundidad necesaria: la metodología utilizada para determinar el valor de la compañía que sirvió de base para la compensación establecida por el CIADI.
Farías Bouvier recordó que ya en 2017 había advertido sobre las diferencias existentes entre distintas valuaciones de Aerolíneas. Mientras el Tribunal de Tasaciones de la Nación había determinado un valor patrimonial fuertemente negativo, una valuación atribuida a Credit Suisse había arrojado un valor positivo de varios cientos de millones de dólares.
Para el especialista, esa diferencia no podía resolverse simplemente optando por una de las cifras, sino que requería revisar los supuestos económicos utilizados para arribar a cada resultado.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al método de Flujo de Fondos Descontados (DCF). Según Farías Bouvier, si bien se trata de una herramienta financiera habitual, su resultado depende en gran medida de las hipótesis utilizadas sobre ingresos, costos, inversiones, inflación, tipo de cambio, riesgos y perspectivas futuras del negocio.
En el caso de Aerolíneas Argentinas, sostiene, esas variables tenían una relevancia particular debido a las características y condiciones económicas de la empresa. Por eso, considera que las proyecciones utilizadas debieron ser sometidas a una evaluación profesional independiente y contrastadas con la realidad operativa y económica de la compañía.
La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó el 21 de julio de 2026 la decisión de primera instancia que habilitó la ejecución en Estados Unidos del laudo arbitral del CIADI. Esa resolución no volvió sobre el fondo de la controversia ni reabrió la discusión sobre la valuación.
Precisamente por eso, Farías Bouvier plantea ahora una revisión desde una perspectiva económica, sin sostener que ese análisis pueda modificar por sí mismo el resultado jurídico del proceso.
El ex funcionario señala que había planteado estas observaciones ante la Procuración del Tesoro luego de conocerse el laudo y que también intentó transmitir personalmente sus argumentos al entonces Procurador, aunque la reunión finalmente no se concretó.
Su planteo apunta a determinar si, durante la defensa del Estado argentino, se exploraron suficientemente las herramientas económicas disponibles para cuestionar la determinación del valor de Aerolíneas Argentinas.
Para Farías Bouvier, el caso excede la discusión sobre cuánto deberá pagar actualmente el Estado argentino. A su entender, también expone un problema institucional relacionado con la capacidad, diligencia y responsabilidad con que se defienden los intereses públicos en controversias de alto impacto económico.
El especialista sostiene que una defensa eficaz no depende únicamente de contar con abogados, organismos y especialistas, sino también de que exista una estrategia capaz de integrar adecuadamente los aspectos jurídicos, financieros y empresariales del conflicto.
La discusión adquiere relevancia por el monto involucrado. La obligación derivada del caso, que comenzó en algo más de US$ 320 millones, se ubica actualmente en torno de los US$ 390,9 millones incluyendo intereses, según las cifras mencionadas públicamente.
La pregunta que plantea Farías Bouvier es, en definitiva, si el valor económico utilizado como base para aquella compensación fue sometido en su momento a todas las pruebas de razonabilidad que requería una empresa de la dimensión de Aerolíneas Argentinas.
Más que cuestionar el fallo judicial en sí mismo, el planteo busca volver sobre una discusión que, según su autor, quedó pendiente: qué valor tenía realmente Aerolíneas Argentinas y si las hipótesis utilizadas para determinarlo reflejaban adecuadamente la realidad económica de la compañía.