Todo comenzó en mayo de 2020, en Brindisi, Italia. Dos trabajadores de la empresa Manufacturing Process Specification (MPS) fueron sorprendidos arrojando residuos químicos a las alcantarillas. Lo que comenzó como un caso ambiental se transformó en un escándalo de proporciones globales: la fabricación y suministro de miles de piezas defectuosas para los Boeing B-787. Según plantearon los fiscales italianos, MPS engañó a sus clientes al sustituir aleaciones de titanio certificadas por materiales de menor calidad y resistencia. Estas piezas defectuosas, utilizadas en los anclajes del piso de la cabina y otras partes estructurales, se integraron en al menos 477 aviones Boeing B-787 en operación. La investigación reveló que, durante cuatro años, MPS y su predecesora, Processi Speciali, utilizaron titanio puro en lugar de la aleación requerida, comprometiendo la seguridad de la aeronave. La compañía italiana Leonardo, responsable de fabricar secciones del fuselaje para Boeing, fue el principal intermediario en la cadena de suministro. El fraude pasó desapercibido pese a que MPS superó auditorías de tres organismos certificadores entre 2017 y 2021. Estas inspecciones se limitaron a revisar procesos y documentación, sin realizar verificaciones físicas de las piezas. Investigadores y expertos en certificación consideran alarmante que este sistema de control no haya detectado la utilización de materiales inadecuados. Boeing ha reiterado que no hay un riesgo inmediato para la seguridad de los vuelos y que cuenta con un “sistema de gestión de calidad integral”. No obstante, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ha emitido un aviso preliminar que obligaría a las aerolíneas a inspeccionar y reemplazar las piezas defectuosas. Hasta el momento, no se han emitido órdenes de emergencia ni se ha ordenado la suspensión de vuelos. La fiscalía italiana ha acusado al dueño de MPS, al jefe de calidad de la empresa y a tres familiares de fraude y violación de normativas de seguridad aérea. Además, dos trabajadores enfrentan cargos por contaminación de suelo y agua.
