Brasil concentra cerca del 98,5% de las demandas judiciales contra aerolíneas en el mundo, según datos de la Asociación Brasileña de Empresas Aéreas (ABEAR). El fenómeno, impulsado por reclamos por demoras, cancelaciones y equipajes, genera costos estimados en unos 1.000 millones de reales anuales para el sector.
Ante este escenario, la Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) inició una revisión de la normativa de derechos del pasajero para reducir la litigiosidad y dar mayor claridad sobre las obligaciones de las compañías en casos de fuerza mayor, como problemas climáticos o restricciones operativas.
La discusión también llegó a la Justicia. El Superior Tribunal de Justicia brasileño determinó recientemente que una demora o cancelación no implica automáticamente una indemnización por daño moral, salvo que el pasajero demuestre un perjuicio concreto.
Según la ANAC, la judicialización ya representa cerca del 3% del costo de los pasajes aéreos en Brasil.
IATA impulsa el diálogo sobre judicialización en Brasil
La International Air Transport Association, junto con la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM) y la Asociación de Magistrados Brasileños (AMB), organizó en São Paulo el Cuarto Seminario de Derecho Aeronáutico, un encuentro centrado en uno de los principales desafíos del sector aéreo brasileño: la creciente judicialización del transporte aéreo y sus efectos sobre consumidores y aerolíneas.
El evento reunió a jueces, reguladores, académicos, funcionarios gubernamentales y representantes de la industria para debatir sobre el impacto de la litigiosidad excesiva en la conectividad aérea, la previsibilidad regulatoria y los costos operativos del sector.
Durante la jornada se presentaron comparaciones internacionales, análisis económicos y perspectivas globales sobre la aviación comercial, con el objetivo de contextualizar la situación de Brasil e identificar posibles soluciones para reducir las distorsiones generadas por la alta cantidad de demandas judiciales vinculadas al transporte aéreo.
Los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer un diálogo técnico e institucional basado en evidencia, que permita avanzar hacia mecanismos equilibrados de protección al consumidor sin comprometer la eficiencia del sistema, la seguridad operacional y la sostenibilidad de la aviación en Brasil.