Argentina enfrenta posibles embargos luego de que tenedores de deudas derivadas de la expropiación de Aerolíneas Argentinas por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2008 llevaran el caso a un tribunal de Nueva York. A raíz del fallo arbitral por falta de pago del último acto del CIADI que confirmó el laudo de 2019, solo queda la instancia de pagar.
El reclamo es por un monto aproximado a los U$S 320 millones que Argentina nunca pagó pese a los fallos en contra. Monto bastante inferior a los U$S 1.600 millones que el Grupo Marsans pretendía al inicio de la disputa.
El caso ha estado ventilándose en los tribunales de Nueva York por más de una década. El CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial, dictó su primera sentencia contra Argentina en 2017 – entonces a favor del grupo español Marsans – al considerar que el gobierno no había pagado el monto correspondiente a la expropiación de la aerolínea de bandera. Concretamente, que se había violado el Artículo IV del tratado “al no brindar a los demandantes un trato justo y equitativo de sus inversiones”, según dijo el organismo internacional.
La demanda, que inició Teinver, empresa española propietaria del 100% de las acciones de Air Comet, a su vez propietaria de Interinvest, la dueña de Aerolíneas Argentinas y Austral, y cuyos derechos a litigar vendió por U$S 107 millones al fondo ingles Burford (el mismo que litiga contra la Argentina por la expropiación de YPF), terminó finalmente en manos del fondo Titan Consortium cuando el reclamo ya estaba cerrado. Argentina tendría ahora unos escasos dos meses para comenzar con los pagos a Titan, ya que de lo contrario podrían ponerse en marcha embargos contra activos argentinos.
“No hay más instancias”, le dijo a Aviación News un especialista que sigue muy de cerca la demanda. Y lo que es peor: Argentina podría tener que responder por unos U$S 9 mil millones antes de 2024 en compromisos internacionales impagos ante CIADI, no solo por el caso Aerolíneas, sino también por la expropiación de YPF en 2012 y el pago de bonos con PIB, cupón asociado a manipulaciones estadísticas por parte del INDEC, entre otras deudas.
¿De dónde surge la demanda? El gobierno de Cristina tomó la empresa – que en 1990 había privatizado el también peronista Carlos Menem – y mandó un proyecto para declararla de interés público. El Congreso, con amplia mayoría oficialista, tanto en Diputados como en Senadores, aprobó el proyecto y le dio, mediante una ley, facultades al Ministerio de Planificación para que sea el ejecutor.
Luego se pidió al Tribunal de Tasaciones de la Nación que valuara los activos. Ese trabajo entregó un valor negativo de US$832 millones, muy lejos de los US$600 millones que decía Marsans que valía el grupo de compañías. Como las partes no se pusieron de acuerdo, poco después de la estatización se inició un juicio. Entonces, el Estado depositó un peso como valor simbólico y se hizo de la empresa.
Como no había acuerdo intervino el CIADI y arrancaron las audiencias en el Banco Mundial que la Argentina transitó con varios argumentos complicados de probar, inclusive confundiendo la naturaleza jurídica de la empresa.
Según las actuales autoridades, el fallo está firme y hay voluntad de pago, pero esa alternativa se vio entorpecida por peleas internas entre los posibles beneficiarios del juicio. El gobierno quiere estar seguro a quien le paga para evitar otros reclamos por lo que solicitó documentación que corrobore que, efectivamente, Titan Consortium es el beneficiario final del juicio.
