La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, avaló el decomiso del avión iraní-venezolano que había llegado al aeropuerto de Ezeiza a mediados de 2022. La decisión está en sintonía con lo que había solicitado el gobierno de los Estados Unidos. En el dictamen, publicado en varios medios, la funcionaria afirmó: “Resulta importante subrayar que nos encontramos frente a un proceso de cooperación internacional, en el que no caben planteos respecto del fondo de la cuestión, los cuales deben formularse ante la autoridad judicial competente en el país requirente”.
“Actuar en sentido contrario podría implicar la responsabilidad internacional de la República Argentina”, sostuvo la fiscal y citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que indica que una decisión contraria podría determinar la responsabilidad del Estado Argentino por incumplimiento de sus deberes de cooperación y asistencia jurídica internacionales en materia de represión del delito y el apartamiento del principio de buena fe que debe regir la actuación del Estado Nacional en virtud de tratados y otras fuentes de derecho internacional. El dictamen es vinculante y ya fue presentado ante el juez federal Federico Villena.
El Boeing 747 de la aerolínea estatal venezolana Emtrasur había arribado a la capital argentina el 6 de junio de 2022 y, dos días más tarde, tenía previsto ir a Montevideo, pero Uruguay le denegó acceso a su espacio aéreo, por lo que debió regresar al aeropuerto de Ezeiza, donde fue incautado luego de quedar varado por falta de combustible. La justicia federal de Lomas de Zamora abrió una investigación para saber si el avión fue utilizado para realizar actividades sospechosas.
Estados Unidos, que impuso sanciones a la aerolínea iraní Mahan Air -anterior propietaria del avión- por sus presuntos vínculos con la Fuerza Quds, un poderoso brazo paramilitar de élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), le pidió a Argentina que retuviera la aeronave, actualmente incautada en el país.
Entre octubre de 2022 y mayo de 2023, la justicia estadounidense realizó una serie de pedidos de asistencia jurídica internacional donde solicitó que se procediera al decomiso de la aeronave “Boeing 747-300 con número de matrícula YV353″.
El gobierno de Joe Biden había pedido la extinción de dominio de la máquina, lo que le permitiría tomar posesión de la misma. La medida fue ordenada finalmente por la Corte de Columbia. En agosto, un juez de Columbia había pedido el decomiso del avión y su registro para obtener una serie de pruebas. El juez federal Federico Villena hizo lugar a esos requerimientos y le encomendó la tarea a la PSA y al FBI.
La causa que tramita en los Estados Unidos está basada en la transferencia irregular por parte de la aerolínea iraní Mahan Air a Emtrasur. “La aerolínea iraní Mahan Air, también conocida como Mahan Airlines y Mahan Airways (Mahan Air), hizo una transferencia del Boeing a la aerolínea venezolana Empresa de Transporte Aérocargo del Sur, S. A. (EMTRASUR) y, después, EMTRASUR reexportó el Boeing a destinos que incluyen Irán y Rusia, todo ello en violación de la ley estadounidense, específicamente la Ley de Reforma del Control de las Exportaciones (en adelante ECRA, por sus siglas en inglés) de 2018, sección 4801 y siguientes del título 50 del Código de los Estados Unidos”, explica el pedido de colaboración que llegó a la Argentina en agosto.
El Gobierno de Venezuela rechazó la medida y expresó, en un comunicado, su rechazo «de manera categórica» a esta decisión sobre el «secuestro de la aeronave», retenida «ilegalmente».