A través del decreto 300/24, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, derogó esta semana la adhesión de la provincia a un decreto de Cristina Kirchner de 2012. Decreto que además firmaron Juan Manuel Abal Medina y Florencio Randazzo, y que establece – aún sigue vigente, aunque es difícil saber quiénes lo respetaban – “que las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el artículo 8° de la Ley Nº 24.156 (Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social) debían contratar con Aerolíneas Argentinas y Austral los pasajes que requieran para el traslado por vía aérea, tanto dentro como fuera del país, de sus funcionarios, empleados o asesores contratados bajo cualquier modalidad, o de terceros cuyos traslados financiara.
El ahora decreto de Figueroa se apoya en que “de acuerdo a lo manifestado por la Secretaría de Transporte de la Nación, el crecimiento del sector es parte de una nueva visión del transporte aerocomercial que busca fomentar la participación de más compañías en los cielos argentinos para conectar al país, potenciar el crecimiento de la economía del turismo y fomentar la conexión internacional». Es decir, por qué discriminar a las aerolíneas privadas.
Hoy tanto Flybondi como JetSmart llegan con vuelos regulares a la provincia patagónica.
El decreto de 2012 no solo obligada a los funcionarios, empleados o asesores a volar por Aerolíneas y Austral (y eventualmente por LADE) en cabotaje, sino también internacional. Eso generaba conflictos con los funcionarios que debían viajar por razones vinculadas a sus funciones especialmente al exterior cuando debían hacer incómodas conexiones – pudiendo optar por un vuelo directo de la competencia – cuando viajaban a un destino en el que no operaba Aerolíneas. Tampoco poder elegir los días y horarios convenientes respecto a sus obligaciones en destino.
Los conflictos eran especialmente elocuentes – había que recurrir a excepciones – cuando por ejemplo el que viajaba era un ministro a Washington o Ginebra, y ni hablar a Oriente.
Las alternativas ahora es que otras provincias sigan el mismo ejemplo de Neuquén, un nuevo decreto o que, finalmente, se apruebe el Decreto 70 que está en el Congreso.
