El proyecto, al que adhieren una docena de legisladores cercanos al kirchnerismo, como Juan Carlos Alderete, Gisela Marziotta, Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade, Agustina Propato y otros, en su primer artículo se prohíbe la transferencia de las acciones declaradas de utilidad pública y sujetas a expropiación, sin la autorización del Honorable Congreso de la Nación que para su aprobación requerirá obtener el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de cada Cámara.
La primera pregunta sería por qué no establecerlo en el 50%, y dejar que sean los argentinos, a través de sus representantes, quienes tomen la decisión.
El resto del proyecto de ley, que aquí se adjunta, es una sucesión de argumentos según los cuales una empresa del Estado – que no es lo mismo que una empresa de bandera, como se busca confundir intencionadamente – es imprescindible aún deficitaria, para un país como Argentina, y allí van los ejemplos de las vacunas, los expatriados, etc. como si en la mayoría de las países de la región, por ejemplo, no hubieran resuelto los mismos problemas sin una aerolínea del Estado.
Proyecto de Maximo K
