La huelga es un derecho de los trabajadores, el “escrache” un delito.

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No hay duda que el transporte público, en cualquiera de sus versiones, es hoy en la Argentina el actor principal en las medidas de fuerza. La aviación comercial no solo no es la excepción, sino que es protagonista, en lo que a Aerolíneas Argentinas y sus gremios “aeronáuticos” se refiere. Este lunes hubo un “simulacro”, entre las 8 y las 11 horas, con formato de “asambleas en los lugares de trabajo”, que solo afectaron durante este espacio a quienes justamente querían ir a trabajar o volar por la mañana.

Lo del próximo jueves 9 es otra cosa, aunque el éxito o el fracaso del paro por 24 horas convocado por la CGT, dependerá básicamente del transporte público.

En lo que se refiere al sector aéreo el “éxito”, como lo entienden los sindicatos, estaría asegurado por la fuerte adhesión de los gremios que anidan en Aerolíneas, pero especialmente por su dependiente Intercargo que afecta a la competencia nacional y a la mayoría de las aerolíneas internacionales que ya anunciaron la cancelación de los vuelos que llegan o salen el 9.

Solo American Airlines, que tiene su propio servicio de handling en Ezeiza, confirmó su programación, y Flybondi que también lo tiene allí – por lo que concentraría toda su operación en Ezeiza – pero no en todas las escalas, lo que anticipó algunas demoras y 4 cancelaciones. Promete realizar 68 vuelos.

Por los comunicados individuales de cada uno de los gremios de Aerolíneas y los compartidos como “gremios aeronáuticos”, la parálisis en la aerolínea estatal promete ser total.

Además de convicciones políticas – no necesariamente unánimes – los sindicatos que conforman Aerolíneas se oponen a la Ley Bases que se trata en el Congreso, que promueve la privatización de la empresa, la restitución del Impuesto a las Ganancias (muchos en la empresa se ven alcanzados), más la política de cielos abiertos que el gobierno de Javier Milei promueve.

Es probable que una parte de la ciudadanía comparta y justifiquen los temores de los empleados de Aerolíneas e Intercargo, hasta que un sindicalista, sin medir consecuencias, termina por tirarse un tiro en los pies al punto de ser criticado – en privado, claro – hasta por sus pares. El del exabrupto esta vez no fue el piloto Pablo Biró, sino Edgardo Llano, de APA, el más “camporista” entre los “kirchneristas”, quien propuso que se repudie y escrachen en los vuelos a aquellos funcionarios o legisladores que apoyen o voten a favor de la Ley Bases. No queda claro si se refería a los empleados, lo que los pondría al borde de un despido con causa, o a los pasajeros. En este último caso, posiblemente correría el riesgo que esta vez el tiro le salga por la culata.

Obviamente, la amenaza de Llanos fue repudiada tanto por la empresa, quien señaló que “la violencia no es el camino”, como el Gobierno, a través del vocero presidencial, que señaló que “las amenazas son de otro tiempo, de otra Argentina que ya nadie quiere ni votó”.

Otra la vez surge la confusión sobre de quién es Aerolíneas Argentinas: si de los empleados, como para decir quién puede y quien no volar, o de los argentinos que con sus impuestos la sostienen desde su creación hace 74 años.

Vale recordar que al inicio de la gestión Milei, el gobierno propuso pasarles sin cargo y con un año de subsidio la empresa a los empleados. Nadie levantó la mano. La respuesta la dio la última directora financiera de la gestión anterior: “No se confundan – les dijo a sus subalternos – esta empresa sin subsidios no sobrevive”.

La huelga es un derecho, el escrache un delito.