La vuelta a la vida de Mexicana de Aviación es la más reciente noticia, la punta del iceberg de una nueva política aerocomercial mexicana, que ha venido despertando polémica y que tiene, en su centro, la apertura del cabotaje a empresas extranjeras. Pero vayamos por partes. No se había cumplido la primera semana de 2023, cuando el gobierno mexicano anunció que había llegado a un acuerdo con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), el Sindicato Nacional de Trabajadores de Transporte, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (Sntttass) y la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de la Aviación Mexicana (Ajteam) para adquirir la marca Mexicana de Aviación y una serie de activos. El convenio fue rubricado, por parte del Estado, por los titulares de las secretarías del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, y de Comunicaciones y Transporte, Jorge Nuño Lara. La operación de compra implica 23 marcas, un Centro de Adiestramiento, incluidos dos simuladores de Boeing B-727 (que utiliza hoy la Fuerza Aérea Mexicana) y uno de Airbus A320, un edificio en Guadalajara (Jalisco) y un piso en Ciudad de México: todo por $ 817 millones (unos US$ 42,6 millones). El próximo lunes, la autoridad procederá al levantamiento de los laudos que estaban vigentes a favor de los trabajadores de la línea aérea. Una vez eliminados los obstáculos legales, el acuerdo de compra-venta tomará vigencia y el Gobierno acordará con los sindicatos la fecha de la dispersión de los recursos. Con esto, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador pretende crear una aerolínea dirigida por elementos en retiro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El organismo deberá establecer un modelo de negocio basado en los estudios que ya se han realizado para establecer una aerolínea cuya base de operaciones se encuentre en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Para ello, se toman en cuenta dos propuestas que, aunque hace meses le fueron presentadas por particulares a las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), por diversas razones no llegaron a concretarse. De éstas, una se planeó como troncal y la otra como regional.
