La reunión la semana pasada en las oficinas de la ANAC fue, entienden varios de los participantes, nada más que una representación. Una puesta en escena que intentaría preparar el camino para una decisión que ya estaría tomada. Un acto pour la gallerie, dirían en el ambiente del teatro, o jueguito para la tribuna en el mundo del fútbol. Difícilmente los responsables de la mise en scéne, Paola Tamburelli, titular de la ANAC, Florencia Dóvichi, Directora Nacional de Transporte Aéreo y Álvaro Errea, Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Transporte, puedan llevarse una estatuilla.
A la reunión del miércoles pasado en la ANAC algunos fueron preparados para recibir una mala noticia, como sería la entrada en vigencia del Decreto 879, publicado en el Boletín Oficial el 24 de diciembre, camuflado en un pan dulce, una especie de salvavidas exclusivo para Aerolíneas Argentinas, pero se encontraron con un amable “espacio de diálogo abierto”, como lo definió el Ministerio en un comunicado, donde se le pedía la opinión a cada uno de los convocados sobre la reimplantación de las bandas tarifarias. En especial, una tarifa mínima por debajo de la cual estaría prohibido vender pasajes de cabotaje.
“Si lo importante es lo que opina el sector, ¿por qué no nos convocaron antes de redactarse el decreto?”, se preguntaban desde una low cost.
Si las opiniones en este primer acto fueran votos, como algunos participantes los definieron, aunque la ANAC dijo que no fueron tales, sino simples opiniones, el decreto debería haberse derogado, pero como pocos creen que esto vaya en serio, la mayoría lo tomó como un paso más tendiente a preparar el terreno para su implementación. Por lo pronto, ya se habla de una nueva reunión para los próximos días, aunque desde la ANAC desmienten que haya fecha para un nuevo encuentro, aunque no descartan que se los convoque nuevamente cuando “el Ministerio escriba un proyecto”.
Por lo que trascendió, los responsables de JURCA, IATA y ALTA dieron su opinión en contra, como también obviamente las low cost JetSmart y Flybondi que resultarían las más perjudicadas. La gente de Andes prefirió abstenerse, lo mismo que American Jet, empresa con base en Neuquén, cuyos clientes son compañías mineras y petroleras que utilizan sus servicios para transportar sus empleados a los lugares de explotación, que luego twitteó estar a favor del decreto. También en Andes, aclararon después, que en realidad están a favor de las bandas. Avian, en cambio, de movida dio su opinión favorable a una tarifa mínima en base a los costos “para evitar tarifas dumping y evitar acciones monopólicas”, explicaron.
Para las low cost, palabras más palabras menos, la imposición de bandas mínimas lo único que va a hacer es reducir el mercado, como lo muestra la historia, golpeando para peor la franja de pasajeros de menores ingresos que recurrirán otra vez a medios alternativos para viajar a las provincias o países limítrofes.
¿Tiene el mismo valor la opinión de Andes, que no vuela desde el inicio de la pandemia, no tiene aviones operativos y tiene grandes deudas, o Avian que tampoco vuela desde 2019 y cuya situación judicial es un misterio, con lo que opinan las tres entidades y las dos únicas empresas que quedan en servicio en el país, además de Aerolíneas?
De más está decir, obviamente, que la empresa estatal está a favor del decreto hecho a su medida, que además de una tarifa mínima exige que se la consulte y tenga prioridad cuando una empresa privada pida una ruta nacional o internacional (si Aerolíneas dice que le interesa, no queda para quien la solicitó), además del regreso a un monopolio estatal en el servicio de rampa.
Sin embargo dos cosas de esta reunión llamaron la atención. La primera – la tiró Pablo Ceriani, de Aerolíneas Argentinas – es la mención de la “tarifa económicamente retributiva” que existía por los ‘70 cuando en el mercado solo competían la estatal Aerolíneas y la privada Austral – y ni noticas había del revenue management – que consistía en una tarifa por ruta que fijaba el Gobierno en base a los costos de explotación que le pasaban las empresas y que éste compensaba con un subsidio – que nunca se pagó – cuando se establecía por debajo de los costos de la TER. La segunda, el razonamiento de un funcionario del Ministerio de Transporte preguntándose si el objetivo es que el mercado crezca… ¿para qué van a implementar bandas tarifarias? Esto último dejó una luz de esperanza a quienes se oponen a la banda mínima.
Fin del primer acto.
