El Boletín Oficial del viernes 24 de diciembre vino con el Decreto 879/2021 mediante el cual se encomienda al Ministerio de Transporte “que para en un plazo no mayor a 180 días a partir de la publicación de la presente medida proceda a la determinación de tarifas máximas y la conformación de un sistema de bandas tarifarias para ser aplicada a los servicios internos regulares de transporte aerocomercial”.
El Poder Ejecutivo justificó la decisión ante el exceso de oferta en un mercado deprimido por la pandemia de coronavirus y la existencia de tarifas “predatorias de mercado”. Y responde así a un reclamo de la directiva de Aerolíneas Argentinas y los sindicatos.
Ya sobre fines de septiembre los Sindicatos de APA, APLA, APTA, ATEPSA y UPSA; se habían mostrado en Estado de “Alerta y Movilización” ante la falta de respuesta de sus solicitudes para un “acuerdo de Doble Vigilancia con Chile en lo referido a aeronaves con matrículas CC (Interchange); derogación de los Decretos que desregularon los servicios de rampa; reubicación de compañeros de LATAM Argentina, Avian Líneas Aéreas y Flyest; y reinstauración de la Banda Tarifaria Inferior”.
Durante la gestión de Gobierno de Mauricio Macri las bandas tarifarias habían sido eliminadas, aunque en la práctica la banda inferior había quedado desactualizada – inflación mediante – por lo cual prácticamente no tenía sentido.
“El Servicio Público de Transporte Aerocomercial constituye un servicio esencial para la comunidad, cuya prestación el Estado Nacional debe asegurar en forma general, continua, regular, obligatoria, uniforme y en igualdad de condiciones para todos los usuarios y todas las usuarias”, fue uno de los argumentos que utilizó el Gobierno agregando que también es deber del Estado “velar por la adecuada prestación de los servicios públicos, preservar la sostenibilidad no solo del transporte aéreo, sino también del sistema general de transporte y evitar prácticas ruinosas que tras una efímera ventaja económica para el consumidor o la consumidora se revelan, a la larga, contrarias al interés general”.
El Gobierno dijo haber analizado los balances presentados por las compañías del sector aerocomercial y concluyó que “el resultado económico de todas las empresas es negativo, lo que indica que los ingresos de la actividad aeronáutica no alcanzan a cubrir los costos directos e indirectos de la misma, desde hace varios años, como resultado de la fijación de tarifas predatorias, que llevaron al colapso del sistema”.
En el decreto, firmado por el Presidente, el jefe de Gabinete Juan Manzur y el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, también se mencionó el impacto de la pandemia de COVID-19 en el transporte aéreos “con efectos devastadores para el sector”.
“El exceso de oferta en un mercado deprimido por la pandemia y la existencia de tarifas que no se ajustan a los costos operativos de las empresas pueden provocar la existencia de tarifas predatorias de mercado, susceptibles de conllevar a una competencia absurda con valores no compensatorios, que a su vez pueden impedir llevar adelante la explotación comercial en condiciones de seguridad y rentabilidad, durante un período razonable”, se justificó.
De esta forma, el Gobierno consideró que “resulta conveniente regular respecto de tarifas de referencia y bandas tarifarias que sirven de marco para la determinación de los precios al público de los servicios que prestan los explotadores regulares de transporte aéreo interno de pasajeros, con el fin de su compatibilización con el actual nivel de los costos de la actividad”.
Desde la óptica de Casa Rosada, esta decisión evitará “situaciones de abusos tarifarios”, cualquier tipo de especulación económica “basada en la obtención de retornos excesivos luego de aplicar prácticas predatorias que deterioren la prestación de este servicio público” y favorecerá “la accesibilidad aerocomercial entre las distintas regiones”.
A través del mismo decreto, se aprobó el Régimen de Asignación de Capacidad y/o Frecuencias para los Servicios Aéreos Regulares Internacionales.
Entre sus puntos principales se destaca que operadores aéreos de bandera nacional podrán ofrecer sus servicios en las rutas correspondientes “cuando la capacidad operativa de Aerolíneas Argentinas le impida cubrir totalmente las rutas internacionales”. Es decir, que las compañías argentinas no podrán competir con la aerolínea estatal en rutas internacionales, salvo que Aerolíneas así lo decida…Una ley que retrocede en el tiempo unos 50 años.
En tanto, el Ministerio de Transporte tendrá a su cargo la organización y explotación de la prestación de servicios en tierra de las aeronaves en los aeropuertos y aeródromos del Estado o bajo la administración del mismo.
Semanas atrás, en nuestra entrevista con Peter Cerda, VP de IATA para la región, consultado sobre la posibilidad de la vuelta de las bandas tarifarias, el ejecutivo afirmaba que: “Nosotros vamos a estar totalmente en contra. No queremos tope, ni mínima. Que el merado dicte. Y si una aerolínea o el Gobierno dice esto tiene que valer 100 y alguien dice nosotros lo podemos dar por 25, ¿por qué no vamos a dar algo al consumidor que le conviene?”
En agosto del 2020 ya escribíamos sobre el “monopolio del dumping”… https://www.aviacionnews.com/2020/08/aerolineas-y-el-monopolio-del-dumping/
Parece que las reuniones previas entre autoridades tanto de Flybondi como Jetsmart con el Jefe de Gabinete anunciando inversiones para el país, en lugar de ser bien recibidas, apuraron la decisión para “poner el pie” encima del crecimiento de cualquier tipo de competencia para Aerolíneas Argentinas. Ambas compañías parecen haber sentido el impacto y todavía están atónitos ante la medida. Más aún que termina el año y se acortan los tiempos para presentar algún reparo judicial antes de la Feria. “Teníamos un buen envido, mostramos las cartas, y de repente nos cambian las reglas del juego y ya no se puede cantar envido… salvo que Aerolíneas tenga 33 de mano” graficaban desde una de las aerolíneas afectadas.
Se vienen nuevos tiempos des discusiones en el sector… con una renaciente Cámara de Líneas Aéreas Argentinas que dirige, comanda, y decide… solo Aerolíneas Argentinas.
Al gobierno no le interesan para nada los costos de las LCC, solo le interesa acceder a la presión de los gremios aeronáuticos que ven con preocupación que AR ve caer su participación de mercado frente a las LCC.
En 2019 , según ANAC, las tradicionales (AR -Latam, etc) controlaban el 94.4% del share de vuelos y 93.2% de los pasajeros mientras las LCC solo el 5.6% de los vuelos y 6.8% de los pasajeros. En el periodo Ene-Oct2021 las tradicionales (solo AR) bajo su share de vuelos al 83% y las LCC crecieron al 17%, mientras le arrebataron el 27.6% de los pasajeros. Esto es lo que les molesta…..que el pasajero viaje mas barato, seguros y mejor tratados, les importa un bledo.