Escándalo por los testeos en Ezeiza: cómo comenzó un pequeño proyecto que se convirtió en un atractivo gran negocio

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Unas dos semanas atrás, una investigación del periodista del diario La Nación Diego Cabot sobre los testeos obligatorios por el Covid 19 a los pasajeros que llegaban y salían por el principal aeropuerto internacional argentino, Ezeiza, movió las estanterías de empresas y organismos involucrados mientras se ponía en marcha una investigación que por ahora avanzó poco como para saber quiénes están realmente detrás de todo esto. Lo último, son allanamientos en Ezeiza, en dependencias de AA2000 y en un laboratorio que tenía a su cargo los testeos. ¿Pero cómo se inició este negocio?

Hacia fines del año pasado un grupo de emprendedores y pequeños empresarios se les ocurrió, a medida que avanzaban los pedidos de hisopados y PRC a quienes llegaban a los distinto países, instalar en Ezeiza un puesto para la realización de este servicio que es a cargo del pasajero. Fue así que este grupo se puso en contacto con la empresa de Corea del Sur MiCoBioMed, instituto de investigación de biociencia y biotecnología y fabricantes, entre otras cosas, de equipamientos para diagnósticos rápidos, proveedores además de aeropuertos ingleses.

Con una inversión de U$S 50.000, y el aval del ORSNA y AA2000, el grupo adquirió 20 máquinas para controles rápidos y se instalan, con acuerdo del concesionario, en la zona estéril del aeropuerto. Allí el pasajero una vez que pasaban los controles migratorios, tenía la posibilidad, si es que ya no lo traía,  de hacerse un PCR, cuyo resultado estaba disponible a la hora y media. Entonces embarcaba sin problemas.

Del negocio también participaba, a cargo del proceso, la empresa Segurity Care Group, cuyo presidente, Marcos Aguirre, acaba de publicar una solicitada aduciendo “que es una empresa pionera en el armado de la asistencia domiciliaria, que no posee vinculación alguna con el PAMI, ni participó en licitación alguna con el Estado, aunque reconoce  que la empresa posee desde 2017 un centro médico que incluye un laboratorio en el Aeropuerto Ministro Pistarini, habilitado por las autoridades sanitarias y ministeriales, que se encargaba de contar con los profesionales médicos que asistían a los pasajeros que sufrían descompensaciones. Y que frente a la situación de pandemia, la empresa  puso a disposición su laboratorio a los fines de que tal espacio sea utilizado para efectuar los testeos a los pasajeros”.

Pero cuando el proyecto ya lanzado comienza a ser conocido por notas en los medios y, peor aún, cuando trasciende la decisión de las autoridades sanitarias argentinas de pedir un hisopado obligatorio a todo pasajero que llega al país,  el proyecto comienza a insinuarse como un gran negocio cautivo. Es cuando le “piden” a estos emprendedores que se aparten  (hoy los equipos comprados están en Miami) y cuando aparecen las dos monotributistas, Paola Perillo Orellan y Laura Cáceres, en un acuerdo según La Nación, casualmente con Aguirre para la realización de testeos de antígenos y PCR de COVID-19 a realizarse por el laboratorio LabPax. Cuando esto sale a la luz, rápidos de reflejos,  Aeropuertos Argentina 2000 anuncia una auditoría para “investigar responsabilidades, además de la calidad y certificación técnica de los procesos de testeos”. Cuyos resultados, llamativamente, se obtenían en cinco minutos.

La historia, a partir de aquí, es conocida por la investigación minuciosa de Diego Cabot. Se trata de una historia que está, como suelen decir ahora los medios, “en desarrollo”.

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