Las declaraciones de la presidenta de Aerolíneas Argentinas Isela Costantini sobre la exitosa operación de temporada alta de la compañía, pero por sobre todo las críticas a su gestión del ministro de Transporte Guillermo Dietrich, provocaron la reacción de Mariano Recalde, ex mandamás de la compañía, con declaraciones en algunos medios y una columna firmada en el diario Ámbito Financiero. En el primer caso calificó las declaraciones del ministro de “irrespetuosas y plagadas de falsedades”, en tanto que usó a su favor en la columna, como en el judo, los autoelogios de Costantini por los resultados de julio, para atribuírselos “por tratarse de una clara continuidad del plan de negocios” por él implementada. Así, mientras discuten a través de los medios de quienes son los éxitos y los fracasos, esta semana se conoció el avance de una causa contra Recalde iniciada por el entonces senador radical Gerardo Molares, hoy gobernador de Jujuy, por incumplimiento de la ley de Transporte Aerocomercial, que obliga a los funcionarios a denunciar delitos contra el Estado y presentarse en las causas penales. También por no presentar la empresa sus balances a la Inspección General de Justicia (IGJ), “lo que impide controlar el destino de sus fondos”. Es en esta causa, que esta semana el juez Luis Rodríguez convocó a indagatoria para el 1 de septiembre a la exprocuradora del Tesoro, Angelina Abbona, por presunta omisión de investigar denuncias por administración fraudulenta en empresas controladas por el grupo Marsans. En base a un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, a pedido del Ministerio de Planificación, Morales denunció que el Estado le pagó a Marsans U$S 833 millones por la expropiación, le perdonó una deuda impositiva de 319 millones de pesos y que el Gobierno se hizo cargo de 500 millones de pesos de pasivo post concursal. Y que en la etapa en que la empresa fue administrada de manera conjunta por Marsans y el Estado, se agregaron U$S 310 millones de nueva deuda y que en 2011, cuando Aerolíneas ya estaba estatizada, se pagaron otros U$S 500 millones por un acuerdo preventivo del 2002.
