En Washington D.C., en marzo de 2014, tuvieron lugar las audiencias de testigos y alegatos finales. En total fueron diez dias en los que los abogados preguntaron a los testigos y efectuaron sus alegatos finales en las oficinas que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) tiene en el Banco Mundial en esa ciudad. Los representantes del grupo Marsans trataban de explicar por qué la Argentina debería indemnizarlos con unos U$S 1.600 millones por la expropiación de las aerolíneas en 2008 mientras que el Gobierno, buscaba justificar la estatización apelando, entre otras pruebas, a que al momento de la reestatización las empresas tenían un valor negativo de U$S 949,4 millones por lo que se justificaba la expropiación. La sospecha ahora es que podría estar cerca una resolución del tribunal por lo que autoridades argentinas salieron a “abrir el paraguas”, como tituló la semana pasada Clarín, denunciando ahora ante la Cámara Federal porteña un presunto fraude a raíz de que Marsans le habría vendido los derechos del juicio a Burford Capital, un fondo de inversión que el Gobierno identifica como “buitre”, cuando esto era conocido por la Argentina desde la audiencia de marzo de 2014. Lo que se sabía era que Marsans, en quiebra y con sus socios principales presos o fallecidos, le había solicitado a Burford que se haga cargo de los costos del arbitraje ante el CIADI. En caso de ganar, éstos no solo recuperarían lo invertido, sino que se llevarían una buena tajada previamente acordada. El resto lo utilizaría la justicia española para pagar a acreedores de la quiebra de Marsans y otras empresas del grupo. En caso de resultar el fallo favorable a la Argentina, la financiera perdería lo invertido. De paso, el Gobierno incluyó en la denuncia contra Burford a los abogados locales, Fargosi & Asociados, y a los americanos de King & Spalding, firmas que defienden a Marsans en el arbitraje. La premura del Gobierno por mediatizar la denuncia pareciera indicar que se espera un inminente fallo.
