MARIANO RECALDE, EN CAMPAÑA, VISITÓ EL CONGRESO

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Escasa repercusión tuvo la visita la semana pasada de Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas Argentinas y Austral, a la comisión bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones en el Congreso Nacional. La reunión había sido pedida por el propio funcionario, ahora en campaña como precandidato a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, partido que encabeza Cristina Kirchner. Allí Recalde se explayó sobre sus seis años de gestión al frente de la empresa al tiempo que presentó el plan de negocios para el quinquenio 2014-2019. Quizás porque los legisladores de la oposición saben que le quedan pocos meses al frente de la empresa, o porque la comisión está integrada mayoritariamente por legisladores oficialistas, lo cierto es que el funcionario pudo exponer sin demasiadas interrupciones sobre la supuesta transformación de la empresa en estos seis años y hasta desmentir lo que se dice sobre las pérdidas de la misma. Las que dijo, son consecuencia de la conectividad, volviendo a vieja teoría, como si a esta altura no se conociera que las grandes pérdidas de aerolíneas no pasan por el cabotaje sino por el internacional. “Si para obtener rentabilidad tenemos que dejar provincias sin vuelos, no lo vamos a hacer”, justificó. Si bien aceptó que en el 2014 la empresa tuvo un déficit que creció “por una cuestión contable”, aclaró, estimó que “ya en el 2015 habrá un resultado positivo porque el combustible ahora volvió al precio que tenía en el 2009”. Más optimista en este sentido fue al presentar el plan 2015-2020, al afirmar que si el combustible se mantiene en los valores actuales la empresa lograría un resultado positivo en 2017 y se ubica en los precios de septiembre de 2014 el equilibrio llegaría en 2019. Algunos legisladores recordaron entonces que en el plan quinquenal anterior el equilibrio estaba previsto para el 2013 y la rentabilidad para el 2014. Sin embargo la empresa necesitó en los dos últimos años transferencias desde el Estado superiores a los U$S 600 millones.

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