Luego de conocido el proyecto para que los extrabajadores de Pluna puedan retomar vuelo con su ALAS U, no se han disipado totalmente las dudas acerca de algunos aspectos del plan. El Poder Ejecutivo uruguayo parece no estar 100% convencido de la viabilidad del negocio, y con el miedo de que en cualquier momento, en aeropuertos de la región, esos aviones sean secuestrados por la Justicia extranjera para cobrarse deudas pendientes. En las negociaciones quedó establecido que los tres aviones cedidos por el gobierno quedan hipotecados a favor del fideicomiso propiedad del Estado que administra los bienes de Pluna. Los trabajadores pretendían utilizar esos tres aviones como garantía para alquilar otros dos. Pero el gobierno se opuso al planteo, y finalmente quedó establecido que en caso de incumplimientos serán devueltos los aviones. El sindicato comenzará a pagarlos a un precio de US$ 46 millones a partir del tercer año de operaciones de la nueva empresa. Mientras, el Estado se hará cargo de las cuotas semestrales al Scotiabank. De todos modos, los dirigentes del gremio insisten en alquilar más aviones para completar la flota. Para empezar a volar la nueva empresa debe aguardar la habilitación de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), aunque de no conseguirla a tiempo pueden pedir una autorización provisoria. Esa habilitación, además, tendrá que tramitarse en cada uno de los aeropuertos adonde volará la nueva aerolínea. Fundamentalmente en el Aeroparque de Buenos Aires, donde Aerolíneas copó la mayoría de las frecuencias
