Lo que en cualquier otro país podría ser un escándalo o directamente la quiebra de la empresa si ésta fuera privada, para Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas Argentinas, se trata de un logro ya que el rojo operativo representa, supuestamente, un tercio del déficit del año pasado. Por lo pronto implica reconocer, algo no siempre admitido por las autoridades, que la pérdida el año pasado fue de algo más de U$S 900 millones. Sin balances ni informes auditables, habrá que esperar a cuánto ascienden a fin de año las transferencias de fondos del Tesoro a la empresa. Hasta septiembre los giros superaban los U$S 500 millones y todo permite suponer que rondarán los U$S 700 millones a fin de año. Recalde insistió en un programa de radio que “el objetivo de la empresa no es económico y ganar plata, sino que es recuperar un servicio”. Sin embargo apuntó a que el objetivo es no depender de subsidios durante el 2014 (ya había anunciado equilibrio para el 2012 y superávit para el 2013) cuando estima que Aerolíneas transportará 10 millones de pasajeros. La cantidad de pasajeros transportados no es un dato relevante en la salud financiera de una aerolínea, sino a qué precio los traslado

A raíz de una presentación del senador radical Gerardo Morales que acusa a los funcionarios de haber omitido denunciar penalmente a Marsans después de la reestatización de Aerolíneas, el fiscal federal Ramiro González promovió una investigación contra el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde. La denuncia incluye también la no presentación ante la Inspección General de Justicia de los balances de la compañía. Según el legislador, los funcionarios cuestionados -incluye también a la procuradora Angelina Abbona- no denunciaron ante la Justicia un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA que daba cuenta que a Marsans se le pagó U$S 833 millones dólares por la expropiación, además de condenársele deudas impositivas por 319 millones de pesos y haberse hecho cargo el Estado de pasivos post concursal. De Vido se defendió afirmando en un comunicado que «gracias a nuestra gestión se recuperó Aerolíneas Argentinas y a nuestra labor política y denuncias es que hoy los dueños de Marsans estén presos, condenados por la justicia española». A su vez contraatacó acusando a los radicales de haber vendido la empresa a Marsans por un dólar, lo que representa un error histórico ya que fue el gobierno español, propietario de la compañía a través de la SEPI luego de la privatización encarada por el peronista Carlos Menem, quien transfirió la empresa al cuestionado grupo español por este valor simbólico

La Sala en lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará a partir de este jueves a Gerardo Díaz Ferrán y Antonio Mata en torno a la compra de Aerolíneas Argentinas en el 2002. El fiscal español pide una condena para ambos de dos años y cuatro meses de cárcel. La misma pena iba para el otro socio, Gonzalo Pascual, pero éste falleció en junio de 2012. El juicio estaba previsto inicialmente para febrero de 2013 pero se aplazó porque faltaba recibir una comisión rogatoria cursada a Argentina. El fiscal pedirá que se los condene, además, a pagar solidariamente a Hacienda 99 millones de euros por el presunto impago del Impuesto de Sociedades en el año 2002 en el marco de la operación de compra de Aerolíneas Argentinas por parte de Air Comet. La Fiscalía destaca en su escrito que el 2 de noviembre de 2001 la SEPI vendió sus acciones en Interinvest -propietaria de Aerolíneas- a Air Comet por el precio de un dólar. El contrato estipulaba que la SEPI asumía pasivos por U$S 300 millones contraídos por Aerolíneas y Austral, por lo que aportó dicha cantidad en una cuenta de Interinvest para el pago de las deudas. Según el fiscal, los tres acusados pagaron con este dinero deudas por valor de 272,87 millones de dólares, unos créditos que quedaron cedidos a Air Comet con el compromiso de aportarlos posteriormente al capital social de Aerolíneas Argentinas. Esta operación hizo que el dinero aportado por la SEPI a la compañía española se considerara beneficio, por el que, según el Ministerio Público, Díaz Ferrán y sus socios debían haber pagado 99,04 millones de euros de Impuesto de Sociedades, algo que no hicieron. El junio, el Juzgado Mercantil número 12 de Madrid lo declaró culpable del concurso de acreedores del Grupo Marsans. Gerardo Díaz Ferrán fue entonces inhabilitado por un período de 15 años para administrar cualquier empresa o bien ajeno.