La Argentina prepara una nueva batalla judicial en Estados Unidos para intentar evitar o, al menos, demorar el pago de más de US$ 390 millones derivado de la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, realizada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El conflicto tuvo un nuevo capítulo el 21 de julio, cuando la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó la decisión de primera instancia que reconoció y habilitó la ejecución en Estados Unidos del laudo del CIADI a favor de Titan Consortium.
La cifra reconocida por la Justicia estadounidense asciende a US$ 390.907.115, calculada al 10 de diciembre de 2024, a la que deben agregarse los intereses posteriores. El fallo, sin embargo, no significa que el pago deba concretarse automáticamente ni de manera inmediata.
El origen de la disputa se remonta a 2008, cuando el Congreso argentino aprobó la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, entonces controladas por el grupo español Marsans. En ese momento la compañía atravesaba una profunda crisis financiera y el Estado había asumido previamente su gestión.
Al no haber acuerdo sobre el valor de la empresa, los antiguos accionistas llevaron el reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial. En 2017, el tribunal arbitral condenó a la Argentina a pagar aproximadamente US$ 321 millones más intereses por la expropiación.
Marsans posteriormente transfirió los derechos económicos del litigio a Burford Capital, que finalmente los vendió a Titan Consortium, actual beneficiario del reclamo.
Uno de los principales argumentos de la Argentina fue que la demanda presentada por Titan estaba fuera de plazo. El Gobierno sostenía que debía aplicarse un período de prescripción de tres años. Tanto el tribunal de primera instancia como la Cámara de Apelaciones rechazaron esa interpretación.
La Justicia estadounidense determinó que correspondía aplicar un plazo de doce años para la ejecución de una sentencia dineraria, por lo que consideró que la acción iniciada por Titan había sido presentada en tiempo y forma.
Con este revés, la discusión dejó de centrarse en la existencia del laudo del CIADI y pasó a concentrarse en las posibilidades de ejecución de la condena sobre activos argentinos alcanzados por la jurisdicción estadounidense.
La Procuración del Tesoro analiza ahora las alternativas disponibles. Entre ellas figura solicitar una revisión ante la propia Cámara de Apelaciones, eventualmente pedir que el caso sea analizado por una integración más amplia del tribunal y, como última instancia, recurrir ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
El Gobierno también evalúa herramientas destinadas a ganar tiempo y mantener abiertas las posibilidades de negociación.