Quienes se mostraron, como era de suponer, enérgicamente contrarios a las Disposiciones 46 y 47 /2025 del viernes 29 de diciembre, que autorizaba a Latam a realizar vuelos de cabotaje en el marco del acuerdo bilateral vigente entre Argentina y Chile, fue el gremio de pilotos de – mayoritariamente – Aerolíneas Argentinas.
Para APLA, la habilitación a la compañía a explotar servicios aéreos regulares y no regulares de transporte de pasajeros y carga, con derechos de tráfico de hasta novena libertad del aire representa “un serio retroceso para la aviación nacional, el empleo en el país y la seguridad operacional”. Y agregó en un extenso comunicado: “Permitir que una compañía extranjera realice cabotaje 𝗰𝗼𝗻 𝗮𝗲𝗿𝗼𝗻𝗮𝘃𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝗺𝗮𝘁𝗿𝗶́𝗰𝘂𝗹𝗮𝘀 𝗲𝘅𝘁𝗿𝗮𝗻𝗷𝗲𝗿𝗮𝘀, 𝘁𝗿𝗶𝗽𝘂𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗲𝘅𝘁𝗿𝗮𝗻𝗷𝗲𝗿𝗼𝘀, 𝗮𝘀𝗶́ 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗲𝗹 𝗺𝗮𝗻𝘁𝗲𝗻𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘆 𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗲𝗻 𝘀𝘂 𝗽𝗮𝗶́𝘀 𝗱𝗲 𝗼𝗿𝗶𝗴𝗲𝗻, conlleva la pérdida de control y la falta de trazabilidad sobre una actividad tan estratégica como fundamental. El transporte aéreo exige una regulación estricta y la supervisión constante por parte de la autoridad aeronáutica de nuestro país. Esta decisión pone en peligro numerosos puestos de trabajo argentinos, debilita convenios colectivos, socava carreras profesionales sólidas construidas a lo largo de décadas y abre la puerta a un modelo laboral precario, ya conocido en la región, caracterizado por la flexibilización, la tercerización y prácticas antisindicales. LATAM no actúa como un competidor neutral: su historia revela una cultura empresarial hostil hacia los trabajadores en todas sus filiales de Latinoamérica, sin disposición para el diálogo colectivo y con la intención permanente de desarticular estándares laborales esenciales que han requerido mucho esfuerzo lograrlos. La incorporación de este modelo en el cabotaje argentino significa ceder ante exigencias para apropiarse del mercado nacional, perjudicando así a los trabajadores aeronáuticos argentinos. No hay lugar para la modernización sin empleo digno y respeto por quienes sostienen el sistema día a día”.