El Ministerio de Consumo de España impuso una multa a varias aerolíneas, que ha vuelto a poner en el centro del debate a los ingresos auxiliares. El caso más destacado es el de Ryanair, que deberá pagar € 108 millones, de los € 179 millones con los que el Ministerio ha sancionado a 5 compañías. Entre los motivos, destaca el cobro por servicios que el regulador considera básicos, como llevar equipaje de mano en cabina, reservar asientos contiguos para padres con hijos menores o imprimir tarjetas de embarque en el aeropuerto. La disputa de las autoridades con las low cost es de larga data y gira en torno a lo que desde la Defensa del Consumidor hablan de “costos ocultos” y extras. De hecho, se espera que este año las aerolíneas embolsen US$ 350 mil millones. Los reguladores critican la inclusión de costes adicionales durante el proceso de compra de manera poco transparente, lo que puede incrementar el precio final del billete hasta el doble de lo anunciado inicialmente. El Parlamento Europeo ha comenzado a estudiar la posible regulación de las llamadas tarifas basura, no solo en el sector de la aviación, sino en otras industrias donde se aplican este tipo de cargos. Asegura que el consumidor puede percibirlas como engañosas. El desafío para los reguladores es entre la protección y encontrar un equilibrio de los derechos de los consumidores y la necesidad de las aerolíneas de operar con flexibilidad.
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