La Comisión Europea puso en duda que una tasa adicional para financiar proyectos climáticos pueda reducir o contrarrestar totalmente las emisiones de CO². Es por eso por lo que unas veinte aerolíneas están bajo la lupa, acusadas de “greenwashing”. Este término, de lenguaje verde, apunta a la actitud de muchas empresas de pretender prácticas verdes para ser consideradas sustentables cuando en realidad poco hacen por el medioambiente. La Comisión y las autoridades de consumo de la Unión han enviado cartas a 20 aerolíneas en las que han identificado varios tipos de comunicaciones potencialmente sospechosas de hacer greenwashing. Las compañías cuentan ahora con un plazo de 30 días para responder a la Comisión. El organismo continental no menciona a las empresas, pero la Asociación Europea de Consumidores (BEUC por sus siglas en inglés), acusó en su momento a Air Baltic, Air Dolomiti, Air France, Austrian, Brussels Airlines, Eurowings, Finnair, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, SAS, Swiss, TAP, Volotea, Vueling y Wizz Air, entre otras. “A las autoridades les preocupa que las prácticas identificadas puedan considerarse acciones/omisiones engañosas, prohibidas en virtud de los artículos 5, 6 y 7 de la directiva sobre prácticas comerciales desleales. Por su parte, las compañías aéreas aún deben aclarar si tales afirmaciones pueden fundamentarse en pruebas científicas sólidas”, escribe la Comisión. Parte de la denuncia, incluye también otros aspectos como utilizar el término “combustibles de aviación sostenibles” (SAF) sin justificar claramente el impacto medioambiental de dichos combustibles; usar los términos “ecológico”, “sostenible” o “responsable” de forma absoluta o utilizar otras afirmaciones ecológicas implícitas; afirmar que la aerolínea avanza hacia un nivel cero de emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) o cualquier otro comportamiento medioambiental futuro, sin compromisos claros y verificables, objetivos y un sistema de seguimiento independiente o presentar a los consumidores una “calculadora” de las emisiones de CO² de un vuelo específico, sin aportar pruebas científicas suficientes sobre la fiabilidad de dicho cálculo y sin la información sobre los elementos utilizados para dicho cálculo.
