En rueda de prensa y después de aprobar el decreto-ley correspondiente, el Consejo de ministros anunció que se inicia el proceso de venta del 51% de las acciones de TAP Air Portugal. En el anuncio se confirmó que un 5% será traspasado a los trabajadores, quedan en definitiva un 44% residual de las acciones que, por el momento, permanecerá en manos del Estado Luso. “La privatización de TAP se justifica siempre y cuando podamos incrementar el aporte que la empresa hace al crecimiento económico del país”, reiteró el ministro de Hacienda, Fernando Medina, uno de los expositores del encuentro con la prensa. En el lanzamiento de la privatización, Medina; junto al ministro de Infraestructuras, João Galamba y el secretario de Estado de la Presidencia del Consejo de ministros, André Moz Caldas, se precisaron cuáles son las condiciones bajo las que se concretará la operación. “El objetivo del Gobierno es salvaguardar cinco principios estratégicos: el crecimiento de TAP, el crecimiento del hub nacional de Lisboa, garantizar la inversión y el empleo en actividades de alto valor en el sector de la aviación, asegurar el crecimiento de las operaciones punto a punto, que aprovechen la capacidad no utilizada en los aeropuertos nacionales, con énfasis en el aeropuerto de Oporto; el valor ofrecido para la adquisición de las acciones de la empresa, con el objetivo de maximizar los ingresos financieros para el país”. Los representantes del gobierno luso remarcaron que tienen “muy en claro” el perfil de comprador que están buscando. “Queremos grandes inversores en el sector aeronáutico, solos o en consorcios liderados por ellos, que estén alineados con nuestros objetivos estratégicos. No pretenden atraer inversiones puramente de carácter financiero que puedan buscar ingresar a TAP para luego venderla, o bien poder vender partes y finalmente quitarle el aporte estratégico de TAP al país”, dijo Medina. El objetivo es que a fines de 2023 o, a más tardar a principios de 2024, el Consejo de ministros presente las especificaciones que definirán “de forma más fina” la implementación y consideración de los valores estratégicos que el Gobierno definió como prioridades.
