Siguiendo el viejo truco de esconder una mala noticia cuando la opinión pública está distraída por un gran tema, el Poder Ejecutivo introdujo por la chimenea en la Edición del 24 de diciembre del Boletín Oficial, sin debate y mucho menos consenso, el Decreto 879 que elimina cualquier tipo de competencia en el cabotaje argentino. Un gran paso hacia el pasado, que retrotrae la industria 40 o 60 años.
La explicación parece simple. En el gobierno llegaron a la conclusión, por fin, que Aerolíneas Argentinas, que ha demostrado en estos años que vuele o no vuele requiere la misma cantidad de asistencia económica, no puede seguir demandándole a los argentinos – vuelen o no vuelen – unos 700 millones de dólares por año.
Hasta allí todo bien. Tomar conciencia de lo que significan unos U$S 9.000 millones desde su re estatización en 2008, es un paso adelante. Solo que la solución propuesta, en vez de orientarse a modernizar y hacer eficiente y competitiva a la compañía, apunta a eliminar directamente la competencia. Aunque eso vaya en perjuicio de todos los argentinos, salvo un pequeño grupo de privilegiados.
El restablecimiento de las bandas tarifarias mínimas a los vuelos de cabotaje propone directamente quitarles a las dos aerolíneas low cost que aún sobreviven en la Argentina – como antes lo hicieron con el cierre de El Palomar – sus principales herramientas de comercialización y la posibilidad de que el público elija según su conveniencia o preferencia. Ahora será el Estado – en realidad Aerolíneas – quien diga a qué precio deben viajar los argentinos.
Es evidente que el decreto que lleva la firma del Presidente de la Nación, el Jefe de Gabinete, y el Ministro de Transporte, además de tratar de esconder las pérdidas de Aerolíneas, intenta expulsar, como ya lo hizo con Austral, Andes, Lan Argentina, a las dos compañías low cost que ingresaron al mercado a partir de 2017, durante la administración anterior, con el objetivo de sumar nuevos usuarios al avión. Hecho que confirman claramente las estadísticas de la ANAC.
Pero las bandas tarifarias no fue el único regalo que, por la chimenea, introdujo Papá Noel esta Navidad. El decreto le otorga, además, al Organismo Regulador del Sistema de Navegación Aérea (ORSNA) – también administrado por La Cámpora – la capacidad de determinar restricciones a las frecuencias internacionales en función de la infraestructura de los aeropuertos (que lo determina el ORSNA vaya uno a saber con qué parámetro), como también será Aerolíneas, por más que el decreto se hable de la ANAC) quien determine – como en los años ’60 y ’70 – que empresas argentinas podrán volar al exterior (vuelos regionales), tal como lo padeció Austral como empresa privada (Ley 19.030 mediante), cuando intentaba competir con el monopolio estatal. Pero han pasado 60 años…. La aviación en el mundo cambió. La Argentina, no.
Otro regalito, disimulado junto al pesebre en el arbolito – en este caso para los gremios – es el decreto con las modificaciones al código aeronáutico, en particular en lo referido a los “Tiempos Máximos de Servicios, Vuelo y Mínimos de Descanso de las Tripulaciones” que establece las normas y fija límites y topes de carácter general con relación a las actividades del personal que cumple “funciones en la conducción de una aeronave o de seguridad a bordo de la misma”.
Y como nada podía quedar en pie en este proceso de demolición y retroceso, el Decreto 879 también termina con la desregulación del servicio de rampa que se había iniciado durante el gobierno anterior mediante el decreto 49 de 2019. Era la ANAC la responsable de fiscalizar el nuevo marco regulatorio. Nada se cumplió.
Feliz Navidad, JOJOJO
SGR
Excelente editorial. Saludos y Feliz Año Nuevo.