La empresa europea acordó con diversos demandantes en una investigación por corrupción, con autoridades francesas, británicas y estadounidenses. El acuerdo, sujeto a aprobación judicial, supondrá para Airbus la necesidad de pagar € 3 mil millones. La investigación se relacionaba con el uso de intermediarios en la venta de aviones. La Oficina de Fraudes Graves (SFO) del Reino Unido, y luego su contraparte francesa, iniciaron investigaciones sobre Airbus después de que la empresa se informara en 2016. De hecho, este proceso judicial fue el responsable de paralizar diversos créditos a la exportación que podría haber recibido Airbus en los últimos años.
