Por lo general se trata de periodistas que quieren saber hacia dónde y con quien viajó determinado famoso o abogados que buscar descubrir hacia donde viajó la pareja de su cliente en un juicio de divorcio y, si es posible, sentado al lado de quién. Pero cualquiera que haya trabajado en una línea aérea sabe que los datos de los pasajeros son confidenciales y que esta información solo puede entregarse ante una orden judicial. Lo que es extraño en el caso del periodista Damián Pachter, el primero a través de las redes sociales en informar que algo extraño ocurría en el departamento del fiscal Alberto Nisman y que unos días después debió abandonar el país de urgencia y a escondidas porque se sentía amenazado, es que la información no se le suministró a un juez sino a la agencia estatal de noticias, Telam, y que la misma terminó publicada en la cuenta oficial de la Casa Rosada en Twitter. La irregularidad fue denunciada por el diputado por el Frente Renovador Mauricio D’Alessandro, causa que recayó en el juzgado Número 2 a cargo del doctor Sebastián Ramos. La defensa de los directivos de Aerolíneas quedó frente a la opinión pública a cargo del siempre dispuesto secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, quien se basó para justificar la infidencia en que “había razones fundadas de preocupación pública». Con más razón, entonces, la información debía haber sido suministrada a requerimiento de la justicia y no de un medio.
