Mientras la aerolínea anunciaba, eufórica, que habían vendido 10.000 pasajes en un día a través de su web, y recibía hacia el fin de semana pasado el ansiado Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA), la justicia ponía en duda ahora el comienzo de las operaciones de la que sería la primer low cost argentina. Los boletos puestos a la venta -hay quienes sospechan que fue una estrategia para presionar a la ANAC por los permisos que faltaban- corresponden a 14 destinos, y a vuelos que arrancan el 26 de enero desde el aeropuerto de Córdoba y el 9 de febrero de El Palomar. La empresa no acusaría problemas para despegar desde Córdoba. El problema estaría entonces con sus vuelos desde El Palomar ya que la jueza federal de San Martín, Martina Forns, habría ordenado detener las obras a raíz de denuncias de vecinos y organizaciones de derechos humanos. Los puntos en discusión serían la necesidad de efectuar un estudio de impacto ambiental (de qué manera impacta que el aeropuerto contenga ahora también vuelos comerciales), que afecten sectores protegidos por ley por ser considerados “Sitio de Memoria”, que según las autoridades van a ser preservados (básicamente afectaría a dos hangares), y a la existencia de dos polvorines en el predio. Tema del que se viene hablando desde que nació la idea de convertir a El Palomar en un aeropuerto civil, pero nadie aclara si es verdad o no y, en caso afirmativo, por qué no los sacan. Aún como base militar -además usada para vuelos comerciales mientras estuvo en obras Aeroparque-, el aeropuerto se ubica en un sector densamente poblado. No obstante la resolución de la jueza, las obras continúan y las autoridades confían en que el primer aeropuerto low cost esté listo para que el 9 de febrero despegue desde allí Flybondi. Si no, habrá que ver qué pasa con los económicos pasajes vendidos.
