Presentado el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el Ministerio de Trabajo y comunicada la decisión de dejar de operar dentro del país tras más de 15 años, el ministro de Transporte, Mario Meoni, se reunió con la CEO de Latam Argentina, Rosario Altgelt “con la esperanza – dijo el funcionario – de encontrar un camino que permita que Latam pueda seguir operando en Argentina”. Algunos medios imaginaron, y lo dieron como un hecho, que también era de la partida el CEO del Grupo, Roberto Alvo, que días antes había intentado reunirse con el Presidente de la Nación sin éxito, y que ahora con la decisión tomada, prefirió quedarse en Chile y confirmarle a los periodistas de la región que la decisión sobre la Argentina era irreversible “porque no se dan las condiciones que permitan la sustentabilidad de la compañía”.
Un rato antes, Altgelt se había despedido con un emotivo mensaje de los empleados, mientras los gremios -por las dudas- le recomendaban al ministro que no se dejara presionar dado que la empresa era algo así como una “extorsionadora serial”. Tarde. La discusión ahora seguirá en el Ministerio de Trabajo viendo, lamentablemente, como los empleados cobran la indemnización que les corresponde. Un dato a tener en cuenta, pese a los U$S 265 millones de pérdidas que reflejan los dos últimos balances, es que la empresa no tiene deudas en el país. Altgelt y compañía no llegaron a la reunión con el ministro, como corresponde a las visitas, con las manos vacías.
Traían tres prolijas carpetas, copias de las que habían dejado antes en el Ministerio de Trabajo: el Procedimiento Preventivo de Crisis (7 páginas) donde se solicitaba el inicio del proceso de disolución de los vínculos laborales entre LAN Argentina SA y el personal (1715 empleados), y un resumen de dos carillas. Y, el postre, un informe de 60 páginas en el que en apretada y precisa síntesis, la empresa enumeró para conocimiento a los funcionarios todas las trabas, en particular por una “férrea oposición gremial”, que llevaron a posicionar a la filial argentina como la más improductiva y onerosa de operar del Grupo. Allí se enumeran pequeñas y grandes propuestas, aplicadas en empresas del grupo, que no fueron aceptadas por los gremios – inclusive en algunos casos con el visto bueno de los propios empleados – que permitían aumentar la productividad, optimizar la eficiencia y bajar los costos. Como por ejemplo, instrumentar en los aeropuertos plataformas electrónicas para que el pasajero pueda llevar adelante el check in electrónico, implementar el despacho remoto o el proyecto de venta a bordo como en el resto de las compañías.
Todo esto – dice el informe que le acercaron a Meoni y Moroni – pese a que el nivel salarial de Latam Argentina supera ampliamente al de sus competidores. Las proyecciones económicas para fines de 2020 indicaban a comienzos del año, previo a la pandemia, un déficit operativo de U$S 51,4 millones. El impacto de la pandemia COVID-19 no hizo más que agudizar la caída de esas proyecciones a un rojo de U$S 67 millones, déficit éste que se agravó ante la imposibilidad de acordar con los gremios en forma privada o en el ámbito del Ministerio de Trabajo un programa de suspensiones concertadas en el marco del el art. 223 bis. que implicaba pagar 50% a los que ganaban más y 75% al resto, durante el parate de la actividad. La intimación por parte de Trabajo de abonar el 100% de las remuneraciones precipitó la salida de filial argentina.
