La administradora de ANAC, el ministro de Trabajo y su par de Transporte -que en las últimas semanas hasta se negaba a atenderles el teléfono a las autoridades de la empresa- conocían perfectamente los pedidos de ayuda de Latam Argentina y del resto de las aerolíneas privadas en la argentina. No pedían fondos, los que estarían reservados exclusivamente para Aerolíneas Argentinas, sino condiciones para atravesar la peor crisis de la aviación a nivel mundial. Tampoco el Presidente de la Nación puede decir que desconocía la situación de la empresa cuando los gremialistas afines le decían que no les crea a las autoridades de la aerolínea, la segunda más grande de la Argentina, que se trataba simplemente de una “extorsión”. ¿De quién es ahora la responsabilidad de que 1715 profesionales argentinos, el personal de la aerolínea, hayan quedado sin trabajo? No es extraño, entonces, que en la misma noche del anuncio en la sede de uno de los cinco gremios que componen la alianza “sindicatos unidos” hubieran festejos, y que el líder de otro gremio declarara: “logramos lo que queríamos”. Tiene razón el Presidente cuando dice, a modo de justificación, que todas las aerolíneas del mundo están en problemas por la crisis provocada por la pandemia del Covid 19. Pero también es cierto que prácticamente todos los gobiernos del mundo han salido al rescate de una industria esencial, en algunos casos inyectando liquidez y en otros, por lo menos, abonando el terreno para que el costo de atravesar este parate sea lo menos dañino posible. Latam Airlines recurrió, como lo han hecho otras aerolíneas, a pedir su convocatoria pero sin dejar de operar, a la justicia de Estados Unidos a través de su Ley de Quiebra conocida como Capítulo 11. Allí incluyó a sus filiales de Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Estados Unidos. No a Brasil y Argentina. En el primer país porque están negociando una ayuda del Estado y en el caso argentino porque entendieron que no hay interés por parte del gobierno y gremios de que la empresa pueda resolver sus problemas. No es el caso de UPAL (Unión Pilotos Aviadores de Latam), que representa a la mayoría de sus pilotos en Argentina y que se formó cuando en APLA decidieron boicotear las negociaciones entre los empleados y la empresa. Su titular, el comandante Fernán Aras, sentenció que “el discurso de APLA no ayuda mucho a la paz social. La mayoría de sus pilotos afiliados son de Aerolíneas, así que hay intereses contrapuestos”. Por otro lado “el país no hizo las cosas sencillas, y hay un montón de trabas para ejercer la actividad aerocomercial, hace falta ponerse en sintonía con leyes más modernas”. Latam no quebró ni dejó de volar; simplemente se fue de Argentina. ¿No deberían las autoridades preguntarse por qué? Un ejemplo es que mientras en todos estos países la empresa llegó a un acuerdo con sus empleados para aplicar una reducción transitoria de los salarios hasta que el mundo aéreo volviera a funcionar, en Argentina, pese a la aceptación de una mayoría de sus colaboradores, no solo no fue posible por el rechazo de los gremios aeronáuticos (léase de Aerolíneas), sino que el Ministerio de Trabajo llegó a intimarlos para que la empresa abone la totalidad de los sueldos de los meses sin volar. Está claro que la decisión de levantar la operación en el país, algo tiene que ver con el pasado, ni hablar con el momento actual pero fundamentalmente con el futuro. La Argentina, y por ende la aviación, no ofrece ningún atractivo para un inversionista privado. Es así que Argentina pasa a formar parte, nuevamente, de ese conglomerado de cuatro países en toda América cuya aerolínea líder -o monopólica en la mayoría de los casos- es estatal y subvencionada: las otras tres son Cubana de Aviación (Cuba), Conviasa (Venezuela) y Boliviana de Aviación (Bolivia).
