Algunos usaron “desilusión”, otros “frustración”. Todos coincidían en que esta reunión debía haberse realizado hace tiempo, pero la aplaudieron cuando el Ministerio de Transporte de Argentina y la ANAC convocaron a todos los organismo involucrados en la industria y a las líneas aéreas que operan en el país a integrarse a un “Grupo de Trabajo de Evaluación de Consecuencias Económicas del COVID-19”. En síntesis, para evaluar el impacto de la pandemia sobre un sector esencial para el país que amenaza literalmente con desaparecer. La reunión celebrada el jueves 16, de carácter virtual como corresponde a la época, fue convocada por la ANAC, cuya titular es Paola Tamburelli, y presidida por el Ministro de Transporte, Mario Meoni. De ella participaron -aunque con ausencias- organismos oficiales como los ministerios de Defensa y Turismo, la PSA, la Junta de Seguridad en el Transporte, Intercargo, etc. y, con asistencia completa, las aerolíneas que operan en el país (Aerolíneas Argentinas, Latam Argentina, Flybondi, JetSmart, Andes y -llamativamente- Avianca), además de JURCA (la cámara que nuclea a todas la aerolíneas en Argentina) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). El malestar se generó cuando la titular de la ANAC, sobre la que nadie dejó de reconocer su conocimiento del sector y experiencia, marcó la necesidad de contar con un diagnóstico integral y objetivo de la industria como requisito previo a asumir las actividades de planificación para después de la crisis, cuando las empresas esperaban del encuentro propuestas -como lo están dando los gobiernos en varios países del mundo- o respuestas a pedidos elevados, como por ejemplo, cómo homologar acuerdos voluntarios con el personal que impliquen temporales reducciones salariales, condonación de tasas e impuestos, o algún tipo de asistencia para poder preservar la mayor cantidad de personal. En síntesis, que mientras las autoridades les pedían información para después elaborar un diagnóstico para luego buscar una salida a la crisis, las aerolíneas esperaban propuestas y respuestas o por lo menos que les preguntaran: “qué necesitaban”. Para uno de los asistentes, significa reconocer que en las actuales circunstancias, sin volar, con las flotas en tierra, sin ingresos de ningún tipo y con sueldos que afrontar, difícilmente se pueda hablar de postcrisis. “La situación de la industria la conocemos todos. Y sabemos que no hay tiempo”, recalcó. Salvo, dijo otro participante, que el objetivo sea quedarse solo con Aerolíneas. Un informe elaborado por Oxford Economics a pedido de la IATA estimó que en la Argentina la industria emplea en forma directa a 71.000 personas y otros 79.000 que forman parte de su cadena de abastecimiento. Si se toma en cuenta al sector turismo en general, se suman otros 129.000 empleados. En cuanto a la contribución del sector al PBI, señalaron que es de US$ 12.100 millones y la pérdida este año sería de US$ 2.900 millones. Las expectativas estaban puestas en el segundo encuentro -inicialmente programado para el martes 21- que al final se pospuso sin fecha supuestamente por no haber recibido la ANAC información desde las aerolíneas. Fue entonces que éstas le hicieron llegar una serie de propuestas, algunas como: un programa de servicios coordinados con la finalidad de dar el carácter de servicio público esencial dejando al margen los aspectos competitivos y evitando la sobreoferta, la implementación de tarifas mínimas para evitar la posibilidad de dumping, devolución de los saldos de libre disponibilidad de IVA y Ganancias, moratoria impositiva y una reducción de las tarifas actuales de organismo y empresas como EANA, DNT, ANAC, AA2000, ITC atadas al dólar, entre otras varias propuestas.
