Magnicharters enfrenta un panorama legal y financiero sumamente complejo luego de que la justicia federal desestimara su petición de protección judicial. Esta decisión coloca a la compañía aérea al borde de la quiebra definitiva tras el cese permanente de sus operaciones aéreas comerciales. Una jueza federal desechó la solicitud de concurso mercantil voluntario presentada por Grupo Aéreo de Monterrey, empresa propietaria de la aerolínea Magnicharters. La compañía había solicitado formalmente la protección bajo esta figura legal el pasado 11 de mayo. La sentencia fue dictada por Nataly Pérez Hernández, en ese momento jueza Primera de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana. Sin embargo, la resolución se hizo pública el 25 de mayo. Según el documento emitido, el motivo del desecho se debió a fallos en el registro formal: “Al hacer una búsqueda en los libros de correspondencia no se encontró promoción alguna tendente al respecto”. Esta determinación jurídica agrava la situación de la empresa, cuyos vuelos ya habían sido suspendidos temporalmente el pasado 15 de abril por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de la Agencia Federal de Aviación Civil, debido al hallazgo de inconsistencias durante un proceso de verificación. ¿Qué alternativas le quedan a Magnicharter?, en primer lugar, insistir con el pedido de concurso mercantil, la Justicia lo asiste en derecho; establecer un Concurso mercantil involuntario, existe la posibilidad de que un tercero (como un acreedor) promueva el recurso de forma externa, replicando el precedente de Interjet; puede negociar de modo directo, es decir, intentar alcanzar acuerdos bilaterales con sus acreedores fuera de los tribunales y, finalmente, declarar directamente su quiebra. La Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas reporta que la aerolínea arrastra un pasivo de US$ 8,6 millones con agencias de viajes debido al incumplimiento en paquetes turísticos previamente comercializados. A esto se suman las denuncias de sus trabajadores por el retraso en el pago de sus salarios por periodos de hasta seis meses. Finalmente, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), tiene registradas 156 quejas contra Magnicharter por valor de US$ 2.300.
La Justicia Mexicana rechaza solicitud de concurso mercantil de Magnicharters
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