El gobierno de Estados Unidos decidió dejar sin efecto la iniciativa impulsada durante la administración de Joe Biden que buscaba obligar a las aerolíneas a ofrecer compensaciones económicas a los pasajeros por demoras prolongadas o cancelaciones atribuibles a la compañía.
El proyecto —similar a los esquemas vigentes en la Unión Europea, Canadá y Brasil— proponía pagos de US$ 200 a 300 para demoras domésticas mayores a tres horas, y hasta US$ 775 en interrupciones superiores a nueve horas. Sin embargo, el Departamento de Transporte (USDOT) determinó que la medida implicaba “cargas regulatorias innecesarias” y que el organismo no contaba con autoridad legal para imponer compensaciones específicas. La decisión quedó formalizada en el Federal Register, marcando un giro regulatorio en materia de derechos del pasajero.
La marcha atrás generó cuestionamientos de legisladores demócratas y organizaciones de consumidores, que defendían el proyecto como una herramienta para aliviar costos inesperados ante fallas operativas de las aerolíneas. El USDOT, en cambio, afirmó que la propuesta “no se ajusta a las prioridades de esta administración”, que prefiere un enfoque orientado al mercado.
Las aerolíneas y sus asociaciones celebraron la medida, señalando que más regulación encarecería los pasajes y que las compañías ya ofrecen reembolsos en vuelos cancelados y algunas alternativas comerciales, aunque ninguna garantiza hoy compensaciones en efectivo por demoras significativas.
La anulación del plan ocurre en un contexto de tensión para el sistema aéreo estadounidense tras la prolongada parálisis del gobierno, que afectó al personal de control aéreo y llevó a la FAA a aplicar recortes temporales de operaciones. Entre 2022 y 2023, más del 60% de las demoras domésticas de tres horas o más fueron atribuibles a las propias aerolíneas, según datos del USDOT.
De cara a la semana de mayor movimiento del año, con 82 millones de viajeros previstos según AAA, el debate sobre la protección al pasajero vuelve a quedar en manos del mercado. Para la administración Trump, flexibilizar la normativa evita costos adicionales; para sus críticos, es una oportunidad perdida para acercar a EE.UU. a los estándares internacionales.