En el marco de la Asamblea Mundial de Aeropuertos (WAGA 2026), que se celebra en la capital peruana, el conflicto en torno a la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) para pasajeros en transferencia internacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez sigue abierto. Durante el evento, Juan José Salmón, CEO de Lima Airport Partners (LAP), abordó el estado actual de las negociaciones con las aerolíneas y el Gobierno, detallando la propuesta de la concesionaria para destrabar una controversia que afecta la operativa y genera fricción directa en los viajeros en tránsito.
Una propuesta de rebaja rechazada
Para buscar un punto de acuerdo frente a los cuestionamientos del sector, LAP planteó reducir la tarifa de transferencia internacional de US$10,05 a US$6,40 más IGV por pasajero, lo que representa una disminución cercana al 40% frente al monto original fijado por el regulador. Esta iniciativa fue comunicada inicialmente a la aerolínea con mayor participación en el mercado —LATAM, que concentra cerca del 90% de las conexiones— y ha sido trasladada oficialmente a las compañías a través de los canales de la nueva administración gubernamental.
Sin embargo, según explicó Salmón, las gestiones aún no han obtenido una respuesta positiva debido a que la postura de la aerolínea principal se mantiene en una posición de «costo cero», exigiendo la eliminación total del cobro bajo el argumento de que resta competitividad a Lima frente a otros centros de conexiones de la región y genera sobrecostos para el pasajero. Ante esto, el ejecutivo matizó que el reclamo no refleja una oposición unánime de toda la industria aérea, sino una postura particular frente a una condición que consideran inadecuada.
Origen normativo y fricción operativa
Desde la perspectiva de la concesionaria, el cobro de la TUUA de transferencia —aplicado desde diciembre de 2025— está estrictamente asociado a los servicios e inversiones ejecutadas en el nuevo terminal, un derecho contemplado contractualmente desde 2013 y condicionado a la puesta en marcha de la infraestructura actual. Salmón defendió que la construcción de obras de gran envergadura requiere de un modelo financiero sostenible y recordó que las tarifas pasaron por procesos de discusión pública en los que participaron los actores del sector.
Uno de los puntos más críticos señalados por LAP es la modalidad en la que se efectúa el pago. Actualmente, al no estar incorporada la tasa en el boleto aéreo, los pasajeros en tránsito deben abonarla de forma presencial mediante quioscos habilitados o por internet. Salmón cuestionó que las líneas aéreas —que disponen de la información directa de los itinerarios de sus clientes— no informen con la debida claridad a los viajeros sobre la posibilidad de pagar de manera anticipada vía web, forzándolos a realizar la transacción en el aeropuerto y generando una «fricción indebida» durante su conexión. Mientras las conversaciones entre LAP, las aerolíneas y el Estado continúan, la inclusión del concepto en los sistemas de venta de los pasajes sigue bloqueada a la espera de un consenso definitivo.