Este jueves 25 a las 10 de la mañana, luego de algunas reprogramaciones, se iban a abrir los sobres con las propuestas para quedarse con el 100% del paquete accionario – hoy en poder del Estado – de Intercargo S.A.U., cuya base de licitación se había fijado en U$S 45.125.000. Pero no hubo ninguna propuesta.
La falta de interesados, por lo menos a estos valores, tiene su sustento en que la empresa ya no tiene garantizado el monopolio en el manejo de rampa y otros servicios aeroportuarios, sino que quien se quede con la compañía deberá competir con un nutrido lote de interesados, gracias a la política de apertura dispuesta por el propio gobierno, que llevó a que algo más de una docena de empresas fueran autorizadas a brindar estos servicios. ¿Por qué una empresa iba a comprar a este valor Intercargo si podía directamente crear una nueva desde cero ajustada el servicio que se propone brindar?
Con un agravante, que quien se lleve la empresa deberá hacerse cargo de un plantel compuesto por 1.560 empleados, muy politizados, que no comulgan con la idea de privatizar la empresa. Entre sus argumentos suelen exponer que la empresa ganó el último año U$S 20 millones, por lo tanto, para los gremios que nuclean a sus trabajadores, la base es muy baja. Claro que parte de esa rentabilidad es producto de la obligación para las aerolíneas que operan en el país, salvo contadas excepciones, de contratar los servicios de Intercargo, cuyos servicios generaron no pocos reclamos en estos años. Con un agravante: desde diciembre del año pasado, por disposición de la Secretaría de Transporte, las mangas y pasarelas telescópicas en los aeropuertos dejaron de estar operadas por Intercargo para pasar a manos de los concesionarios de los aeropuertos.
¿Qué hará ahora el Gobierno?