La justicia boliviana avanza en la investigación por las pérdidas generadas por la fallida ruta de Boliviana de Aviación (BoA) entre Santa Cruz de la Sierra y La Habana. El exgerente general de la compañía estatal, Ronald Casso, fue enviado a prisión preventiva por cinco meses, acusado de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, en un caso que expone las dificultades financieras y operativas de una conexión inaugurada con fuerte respaldo político pero escasa demanda comercial.
La causa se originó tras una denuncia del Viceministerio de Transparencia de Bolivia, que estimó un daño económico de 18,4 millones de bolivianos (unos US$ 2,6 millones). Según la investigación, 14,4 millones corresponden a pérdidas operativas derivadas de la baja ocupación de los vuelos y otros 4 millones a operaciones cambiarias realizadas fuera del mercado oficial.
La ruta Santa Cruz–La Habana comenzó a operar el 26 de octubre de 2023 con Boeing 737-800 de 168 plazas y fue presentada por el gobierno de Luis Arce como un paso hacia la “integración regional”. Sin embargo, auditorías posteriores concluyeron que la conexión se abrió sin estudios técnicos de viabilidad económica y pese a recomendaciones internas que sugerían priorizar destinos con mayor potencial comercial, como Bogotá o Córdoba.
Los datos de ocupación revelados por la investigación muestran un desempeño muy por debajo de lo esperado. Algunos vuelos llegaron a transportar apenas entre 11 y 22 pasajeros, mientras que el promedio general de ocupación en los 36 servicios realizados fue inferior al 50% de la capacidad disponible.
Además, la Fiscalía boliviana investiga presuntas irregularidades en la obtención de divisas para cubrir gastos en Cuba. Según la denuncia, BoA habría adquirido dólares en el mercado paralelo a una cotización muy superior al tipo de cambio oficial y pagando comisiones adicionales a intermediarios financieros. También se indaga el traslado físico de dinero en efectivo hacia La Habana fuera del circuito bancario internacional.
La ruta fue suspendida en julio de 2024, menos de un año después de su lanzamiento. La investigación alcanza además a exintegrantes del directorio de BoA y al exministro de Obras Públicas Édgar Montaño, actualmente detenido por otra causa.
La defensa de Ronald Casso rechaza las acusaciones y sostiene que durante su gestión la operación no generó pérdidas para la aerolínea estatal.