En los últimos años en la Argentina han aparecido y desaparecido varias líneas aéreas privadas. Lo que nunca desapareció fue el reclamo de éstas para poder utilizar el saldo técnico y/o de libre disponibilidad producto de la diferencia entre el IVA que cobran por los pasajes, 8,5%, y el IVA del 21% que pagan por productos y servicios que contratan, como cualquier empresa. Este desfasaje les genera a las compañías un saldo técnico que se acumula a través del tiempo constituyéndose en un costo más para las empresas que han reclamado a través del tiempo la posibilidad de poder utilizar este saldo para pagar otros impuestos y tributos.
Pero sin suerte, excepto para Aerolíneas Argentinas y Austral y sus controladas (OPTAR, Jet Paq y Aerohanling), que a partir de la Resolución 4019/17 – administración Mauricio Macri – que dispuso el procedimiento para que estas empresas, pudieran utilizar el saldo a favor técnico de IVA acumulado y por generarse para pagar retenciones y/o percepciones. Situación que, a partir de entonces, generó una situación de discriminación respecto al resto de las compañías.
Si bien algunos empresarios hacen hincapié en esta discriminación y proponen que si no se resuelve el problema de fondo –poder usar el saldo técnico que se acumula durante años para pagar otros impuestos – por lo menos que se resuelva la injusticia que hace que solo cuente con ese beneficio la aerolínea estatal.
Aunque hay quienes sostienen que es un error enfocar el objetivo en buscar que Aerolíneas pierda este beneficio, y se ponga en igualdad de condiciones con las compañías con las que compite, y no en que todas puedan hacer uso de dicha posibilidad al igual que la compañía estatal.
El tema volvió a tener actualidad estos días a raíz de un proyecto de la senadora radical mendocina Mariana Juri, que logró- inclusive con la venia de La Libertad Avanza – que el tema con forma de proyecto de ley, llegue a ser discutido en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. Su objetivo, se dijo, garantizar la igualdad ante la ley.
Aunque erróneamente algunos medios presentaron el tema como un reclamo de las Low Cost contra Aerolíneas, cuando en realidad es un reclamo histórico de todas las aerolíneas privadas que operaron y operan en la Argentina, sin discriminar si son low cost o legacy.
¿De dónde surge el tema? En 2002, gobierno de Eduardo Duhalde, se bajó mediante la ley 1654 el IVA a los pasajes a un 10,5%, mientras que las aerolíneas pagan – casi – todos sus compras y gastos con un IVA del 21%, lo que implica un desfasaje del 10,5%, que se acumula generando un saldo técnico que al no poder utilizarlo se convierte en un gasto para las compañías. De allí el histórico pedido de poder, aunque sea, pagar con estos impuestos de carácter nacional, como así también obligaciones con el Sistema Único de la Seguridad Social.
La disposición fue revalidada en 2006 por Néstor Kirchner, mediante el decreto 1012, que en esencia ratificaba la continuidad del Estado de Emergencia del Transporte Aerocomercial argentino para los operadores nacionales, como también la utilización de los saldos técnicos del Impuesto al Valor Agregado para el pago de cualquier otro impuesto de carácter nacional,
Es obvio que modificar esto le implicaría al gobierno de turno un costo fiscal, lo que lleva a que no haya demasiado optimismo para que la ley pueda ser modificada, aun cuando el planteo de las privadas vaya en línea con la filosofía de la administración actual sobre reducir impuestos distorsivos y evitar privilegios entre la empresa estatal y las privadas.
¿De cuánto sería este costo fiscal? Según el Gerente General de JetSmart de Argentina, Gonzalo Pérez Corral, la modificación tendría un costo fiscal de 15 millones de pesos, lo que representaría alrededor de un 10% del total de los aportes del Estado que las empresas hacen anualmente en materia de impuestos y tasas.
