“Ojalá se dedicase a cumplir la ley la mitad del tiempo que dedica insultarme”, dijo Pablo Bustinduy (izquierda en la foto, con nariz de payaso y peluca multicolor), ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España, en alusión a Michael O’Leary (derecha en la foto), CEO del hólding Ryanair. Cartera política y aerolínea vienen manteniendo un enfrentamiento que comenzó desde que el gobierno decidiera sancionar a la low cost. Días atrás el enfrentamiento sumó un nuevo protagonista cuando el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) de España, cerró posiciones junto a Bustinduy, apoyando su decisión de sancionar a Ryanair por prácticas abusivas. En concreto, el ministerio impuso una multa de € 179 millones a Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea. Sólo la primera de estas empresas reaccionó pública y airadamente a la sanción. Fue entonces que O’Leary calificó a Bustinduy como “ministro loco comunista”. El funcionario respondió con la frase que abre este artículo y agregó: “ninguna empresa, por poderosa que sea, puede saltarse la ley”. O’Leary subió la apuesta cuando afirmó: “Ryanair tiene 20 veces más viajeros que los tres millones que votaron por el señor Bustinduy y su partido Sumar en las elecciones españolas. 20 veces más de españoles apoyan a Ryanair antes que al loco ministro Bustinduy y sus multas ilegales por el equipaje de mano”. “Si el señor Bustinduy se preocupara de verdad por los consumidores, suprimiría sus multas ilegales sobre el equipaje de mano y en su lugar tomaría medidas contra las agencias de viajes online españolas que siguen cobrando de más a los consumidores con tarifas aéreas infladas y cargos extra ocultos por el equipaje y los asientos”, concluyó O’Leary.
Revés para Ryanair (II): la Justicia Europea no encuentra ilegal el salvataje de TAP Air Portugal
Ryanair presentó una demanda que llegó ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) contra el visto bueno que concedió la Comisión Europea (CE) a la asistencia económica que recibió TAP Air Portugal, producto del impacto del Covid-19. El tribunal consideró finalmente, que la CE “no pasó por alto los requisitos para poder obtener una ayuda de salvamento”, como aseguraba la demanda. Además, la Justicia asegura que la medida respondió a “un objetivo de interés común y era adecuada y proporcionada”.