La onda expansiva generada por las demoras y cancelaciones de Flybondi podría ir más allá de una intimación y un “plan correctivo” respecto a sus operaciones. De tal manera que la misma podría hasta alcanzar a funcionarios que dependen del Ministerio de Economía en el área de Trasporte y hasta la mismísima Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
Según trascendidos, además de lo que contiene la intimidación respecto a que en noviembre, de unos 1991 vuelos de Flybondi, 384 sufrieron cancelaciones y 700 tuvieron que ser reprogramados, se habrían comedido algunas otras irregularidades, que, si bien no suponían riesgos para el vuelo, si violaban normas estrictas que hacen justamente a que la aviación comercial sea segura.
Básicamente se trataría de la reparación de un tema menor – aunque “no go” – de un avión (o aviones) en un taller cuya habilitación estaba suspendida momentáneamente para realizar reparaciones.
La primera reacción habría sido por parte de la autoridad librar un acta pero que después quedó sin efecto y que alguien, dicen, ordenó destruir. ¿Por qué? ¿Para no dañar la política de competencia en el mercado argentino?
Es importante aclarar que esta infracción, si se comprueba, no afectaría la seguridad de los vuelos, pero si los estándares que la industria a nivel mundial preserva a toda costa para seguir siendo el medio de transporte más seguro. Entre ellas, que las reparaciones de aviones solo pueden efectuarse en talleres certificados y habilitados.
La última decisión de la ANAC mandando a recertificar todos los aviones que pasaron por el taller cuando éste estaba suspendido, así como el taller mismo de la empresa en Aeroparque y otros habilitados por la ANAC, confirmaría el error en el que habrían incurrido tanto empresa como organismo de control.
La discusión ahora es saber si el acta, que supuestamente alguien ordenó destruir, existió y se destruyó, o alguien se guardó – vaya a saber para qué – una copia.
Una prueba que afectaría no solo a Eduardo Carlos Moroni, Director General de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (DGIYSA), sino también más arriba dentro de la ANAC y, por qué no, Transporte.
Un riesgo adicional sería, si esto se confirma, que la FAA y la OACI hayan tomado nota y se complique nada menos que la Categoría 1 de Argentina.
Mientras tanto continúa la búsqueda del “Acta Perdida”, posiblemente rescatada de algún cesto de basura, como si se tratara del “Santo Grial”.