Hace poco más de una semana, el gobierno colombiano había anunciado su voluntad de otorgar a Avianca un crédito por US$ 370 millones, metiéndose de ese modo en el proceso de financiación del concurso de acreedores que está desarrollando la línea aérea en los Estados Unidos. Sin embargo, una medida cautelar de no innovar, solicitada en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, impidió cristalizar ese aporte o al menos ponerlo bajo litigio judicial. En ese contexto, se desató una polémica en Colombia sobre si el Estado debe o no participar del Capítulo 11 de Avianca. Desde la compañía, explicaron que la empresa necesita del aporte de capitales estatales para sobrevivir. Por otra parte, la fundamentación de la inversión estatal se basa en el despliegue económico de la propia Avianca que representa 123 mil empleos, un aporte de casi 3,2% del PBI o lo que es similar, US$ 1.300 millones de dólares.
