EL CIADI CONFIRMÓ SU SENTENCIA, Y LA ARGENTINA DEBERÁ PAGAR U$S 320,7 MILLONES POR LA EXPROPIACIÓN DE AEROLINEAS

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Ya en julio de 2017 el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), tribunal arbitral del Banco Mundial, dictó su veredicto sobre la expropiación compulsiva de Aerolíneas Argentinas y del resto de las empresas que conforman el grupo: Austral, Aerohandling, Optar, JetPaq. La decisión fue que la Argentina -o mejor dicho, “los argentinos”- deberán pagar U$S 320,7 millones, más los intereses (U$S 23,76 millones) y las costas (U$S 3,5 millones). Lo que se confirmó esta semana fue el rechazo por parte del organismo sobre la intención argentina de anular el laudo argumentando que el tribunal se había extralimitado en sus facultades y que había habido un quebrantamiento grave de una norma fundamental de procedimiento. El dinero no ingresará a Marsans (o lo que queda de ella), sino a Burford Capital -por lo menos una parte- fondo que compró el juicio. Los mismos que se quedaron con la demanda del Grupo Eskenazi contra YPF. En resumen, unos U$S 347,96 millones que se podrían haber utilizado para otros fines, si la administración kirchnerista no hubiera hecho tan mal las cosas como se desprende del extenso laudo que se conoció en 2017, que en su punto central sostiene que “se incumplió el artículo IV del Tratado al no haber entregado a las demandantes un trato justo y equitativo de sus inversiones”. Y sita allí varios artículos del Tratado de Protección de Inversiones suscrito por el país que no se respetaron. Antes de llegar a la expropiación, Marsans y los funcionarios argentinos habían acordaron el traspaso de la compañía a través de un acuerdo. Marsans decía que la compañía valía algo más de U$S 1.500 millones, mientras que el Tribunal de Tasación sostenía que valía cero. El pacto preveía que en caso de desacuerdo las partes debían someterse a un tasador internacional, independiente, cuyo fallo sería inapelable. El Gobierno decidió obviar esta instancia, por lo que en diciembre de ese año optó directamente por una ley de expropiación que llevó al Congreso. El Grupo Marsans recurrió entonces al CIADI y el fallo llegó nueve años después, confirmado esta semana. (Continúa)