FALLO DEL CIADI: LO QUE LLEVÓ A ARGENTINA A TENER QUE PAGAR CASI U$S 350 MILLONES POR LA EXPROPIACIÓN DE AEROLÍNEAS

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En la edición del 29 de junio, Aviación News anticipó que para esta fecha el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), tribunal arbitral del Banco Mundial, iba a dictar su veredicto sobre la expropiación compulsiva de Aerolíneas Argentinas y del resto de las empresas que conforman el grupo: Austral, Aerohandling, Optar, JetPaq. Más difícil era acertar para que lado se iban a inclinar los jueces, aunque alguna sospecha había, como también que el monto que la Argentina podría terminar pagando rondaría los U$S 400 millones. La decisión fue que la Argentina -o mejor dicho, “los argentinos”- le deberán pagar al Grupo Marsans U$S 320,7 millones, más los intereses (U$S 23,76 millones) y las costas (U$S 3,5 millones). Aunque en realidad, no será Marsans quien reciba la plata, sino Burford Capital -por lo menos una parte- fondo que compró el juicio. Los mismos que se quedaron con la demanda del Grupo Eskenazi contra YPF. En resumen, unos U$S 347,96 millones que se podrían haber utilizado para otros fines, si la administración kirchnerista no hubiera hecho tan mal las cosas como se desprende del extenso laudo que se conoció el último viernes, que en su punto central sostiene que “se incumplió el artículo IV del Tratado al no haber entregado a las demandantes un trato justo y equitativo de sus inversiones”. Y sita allí varios artículos del Tratado de Protección de Inversiones suscrito por el país que no se respetaron. Antes de llegar a la expropiación, Marsans y los funcionarios argentinos habían acordaron el traspaso de la compañía a través de un acuerdo. Marsans decía que la compañía valía algo más de U$S 1.500 millones, mientras que el Tribunal de Tasación sostenía que valía cero. El pacto preveía que en caso de desacuerdo las partes debían someterse a un tasador internacional, independiente, cuyo fallo sería inapelable. El Gobierno decidió obviar esta instancia, por lo que en diciembre de ese año optó directamente por una ley de expropiación que llevó al Congreso. El Grupo Marsans recurrió entonces al CIADI y el falló llegó nueves años después. (Ver nota completa)