Una máxima dice que un gran escándalo suele hacer pasar desapercibidos otros menores que pueden estar sucediendo en simultáneo. Nada pareciera estar sucediendo estos días como no sean los – y con razón – supuestos audios clandestinos tomados a funcionarios del Poder Ejecutivo – y eventualmente otros poderes – y obviamente la veracidad o no de sus contenidos. Entre los otros, aunque no tan grave, estaría uno que involucra a una empresa vinculada con el sector aéreo – de allí el interés de Aviación News – que estaría entre la lista de las “deficitarias” y las “privatizables: FAdeA. La comúnmente conocida como Fabrica Militar de Aviones con asientos en Córdoba.
De acuerdo a lo que trascendió y generó especialmente el interés de un medio mendocino, el presidente de dicha fábrica habría quedado en una situación “confusa tras denuncias de un pago irregular reclamado a empresas privadas”.
El problema estaría vinculado a un acuerdo estratégico firmado con las empresas, también vinculadas al sector, como Hangar Uno y Alta Aviación, con el objetivo de desarrollar nuevos servicios de mantenimiento (MRO) destinados a aeronaves ejecutivas y helicópteros.
Hasta allí nada anormal, por el contrario, salvo que en el rubro “complementación de infraestructura”, que involucraba el arrendamiento de un hangar de la planta cordobesa, a un costo de unos 10 mil dólares mensuales más la posibilidad de que el arrendatario accediera a mano de obra especializada del personal de FAdeA a razón de unos 45 dólares la hora. El mismo había sido firmado un año atrás y por el entonces presidente de la empresa.
La observación, si se la puede llamar así, surge ahora al conocerse una nueva versión del contrato firmado por las nuevas autoridades a favor de las mismas empresas, pero por un valor de 2000 dólares mensuales, con 6 meses de gracia y 25 dólares la hora en caso de que el arrendatario privado requiriese personal técnico de la planta estatal.
En el camino surgen otras irregularidades o sospechas como un pedido de adelanto del contrato por parte del gerente Comercial de la empresa, Pablo Solort, que no había pasado, como tampoco la baja en el contrato – lo que implicaba menos ingresos para la empresa – por el directorio de la empresa lo que generó sospecha sobre el contrato de arriendo del hangar a Alta Aviación. Sospechas que también involucrarían al actual presidente de la empresa – asumió en febrero de este año –el abogado Julio Marco.
El tema habría generado no pocas discusiones dentro del actual directorio de la empresa y obviamente habría llegado al despacho del secretario de Transformación de Empresas Públicas del Ministerio de Economía, Diego Chaher, que tiene a su cargo el control y destino de las empresas públicas sujetas a privatización.
