En un fallo sin precedentes en la historia uruguaya, la Justicia procesó a dos funcionarios del gobierno de José Mujica, por considerar que cometieron «abuso de funciones» en las gestiones para dar aval bancario estatal -de forma irregular- a una supuesta empresa española que aparecía comprando siete aviones de la ex Pluna. Los procesados son el ex ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo (que había renunciado en diciembre cuando se conoció el pedido de fiscal en este sentido) y al presidente del banco más grande del país, el estatal Banco de la República (BROU), Fernando Calloia. Por este caso, ya habían sido procesados con prisión los tres argentinos que lideraban el grupo que operaba Pluna: Matías Campiani, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez Demalde. La fiscalía había expresado en su vista, que Lorenzo y Calloia habían actuado políticamente para dar garantía bancaria a una empresa española en la subasta de aviones de la ex Pluna. La empresa ni pagó los US$ 137 millones que prometió por los aviones, ni la garantía de US$ 13,7 milllones, ni la comisión de los rematadores. El BROU entendió que el dueño de Buquebus y la aerolínea BQB, Juan Carlos López Mena, era el operador del caso y debía hacerse cargo de la garantía. López Mena aceptó asumir la deuda y comenzó a pagar cuotas en base a un contrato, en el que incluyó una cláusula que sostenía que si la ley de la subasta caía, no pagaría más. Y eso pasó, porque la Justicia uruguaya derribó la ley que habilitó aquel curioso proceso, por considerar que era inconstitucional.
