Se acerca un nuevo vencimiento de las cuotas por los siete Bombardier adquiridos por Pluna en 2008, con garantía del Estado uruguayo. El acuerdo firmado por los exministros de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, en febrero de 2008, permitió al socio privado mayoritario de la compañía aérea, Leadgate, adquirir las aeronaves cero kilómetro para renovar la flota. Hasta que el Poder Ejecutivo cerró la empresa (en la que el Estado tenía 25% de sus acciones), en julio de 2012, Pluna Sociedad Anónima cumplió con los vencimientos. Pero una vez que la aerolínea presentó el concurso voluntario, fue el gobierno, con recursos de Rentas Generales (la caja del Estado) quien se hizo cargo de las cuotas con el Scotiabank por los siete aviones. En total pagó hasta el momento US$ 26.260.505 por tres cuotas de más de US$ 8 millones cada una. La primera venció el 15 de agosto de 2012, la segunda en febrero del año pasado, y la tercera en agosto. Ahora que la Justicia determinó la disolución del fideicomiso que administraba los bienes de Pluna, y quien se hacía cargo de pagar esa deuda, en el gobierno se pasan la pelota cuando se acerca la fecha de pago de la nueva cuota. La del 15 de febrero es por US$ 8.574.410. Luego, hasta el año 2023, las cuotas a cancelar suman US$ 118.189.488, según los datos que entregó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a quienes en octubre de 2012 se interesaron por comprar los aviones. El 27 de diciembre, a pocas horas de asumir en el Ministerio de Economía y Finanzas, Mario Bergara envió a Enrique Pintado una carta en la que se desentiende de ese pasivo. “Es esperable que el acreedor pretenda que se satisfaga su derecho por parte de Pluna Ente Autónomo, en su carácter de garante”, escribió Bergara en la misiva .Esta semana llegó al directorio de Pluna Ente una copia de la carta. El director en ese organismo, Daniel Delgado Sicco, presentó una nota al presidente del ente, Ignacio Berti, para solicitar que sea el Poder Ejecutivo quien se haga cargo de la deuda. Argumentó que el ente no tiene recursos para hacer frente a esa responsabilidad, y que además el Poder Ejecutivo, por parte de los dos ministerios involucrados, firmaron la garantía correspondiente el mismo día del acuerdo con Leadgate, en febrero de 2008.
