Para la Suprema Corte de Justicia, la ley viola principios de igualdad, seguridad jurídica y separación de poderes. En definitiva, declaró inconstitucional los artículos 1, 2 y 3 de la ley 18.931, que creó el fideicomiso y sacó a los aviones del concurso de liquidación de Pluna. Si bien el fallo se aplica al caso concreto, y sólo cuenta para los accionantes de este expediente, la sentencia abre la puerta para que se presenten el resto de los acreedores y la ley termine quedando inaplicada. Fuentes del gobierno habían anunciado que si la ley se declaraba inconstitucional harían extensivo el alcance al resto de los acreedores para evitar incertidumbre jurídica como ha pasado con otros casos similares. Tras conocer el fallo, asesores del gobierno comenzaron a estudiarlo para determinar los caminos a seguir. Como consecuencia, los aviones de Pluna que se mantenían a salvo del concurso de acreedores en el fideicomiso, deberán pasar a la masa concursal para ser rematados nuevamente, pero esta vez para pagar las deudas millonarias que dejó la empresa, según entienden expertos en derecho concursal. La consecuencia más grave del fallo, es que el Estado pasará a ser último en la lista de acreedores. Esto implica que el no sólo no contará con los recursos que preveía obtener por la venta de los aviones, sino que además deberá asumir nuevas deudas. Durante los descargos presentados por el abogado de Pluna, Ricardo Olivera García, dijo que la caída de la ley implicará que las deudas aumenten en US$ 300 millones. Ese monto surge de lo que resta pagarle al Scotiabank (US$ 126 millones), la deuda por las otras seis aeronaves adquiridas en leasing (arriendo con opción a compra), más los gastos del fideicomiso para mantener los aviones y pagarle a los pilotos (US$ 60 mil por cada aeronave por mes)
¿COMO SIGUE LA LEY PLUNA?
Luego que se conociera el fallo de inconstitucionalidad contra la ley que se había aprobado para el cierre de Pluna S.A, el síndico Gabriel Ferreira es el nuevo protagonista de este desarrollo. Será quien se ocupará de hacer líquidos los activos de la firma para pagarle a la masa de acreedores. Además, será quien administre los siete aviones Bombardier. Ferreira comentó que cuenta con una caja cercana a los US$ 4 millones a los que habrá que sumar otros US$ 400 mil que provendrán de un inmueble en Punta del Este. En el gobierno hay temor de que no se haga la revisión técnica a los aviones para que mantengan la certificación de vuelo por lo que se depreciarían y rápidamente pasarían a ser chatarra. El camino lo deberá validar la jueza del concurso Teresita Rodríguez Mascardi. Hasta ahora, los únicos interesados en tres de los Bombardier fueron los extrabajadores de Pluna que formaron Alas del Uruguay, una empresa que recibió el apoyo del gobierno que le entregó tres aviones, a pagar con tres años de gracia y en condiciones financieras ventajosas. En el gobierno en principio no hay disposición a negociar el pago de unos US$ 70 millones, los cuales según cálculos de la Liga de Defensa Comercial pondrían fin a los reclamos. Entienden que para eso antes se tienen que asegurar que los aviones sigan en buenas condiciones. El presidente José Mujica analizó junto a sus ministros el fallo adverso y espera ahora los informes que les encargó a los ministerios de Economía y Transporte. Esos informes serán de naturaleza jurídica, y el mandatario ordenó no aventurar decisiones hasta tanto no tener esos elementos a la vista. El gobierno quiere medir el impacto de la sentencia y determinar si es firme, para analizar la posibilidad de derogar la ley. Por otra parte, el Banco República deberá devolver al empresario Juan Carlos López Mena (dueño de Buquebús y BQB) el dinero correspondiente al aval bancario de la subasta de los aviones por US$ 13,7 millones, según lo había establecido el acuerdo firmado entre ambas partes en caso de una declaración de inconstitucionalidad.
