La semana pasada, a raíz del trabajo “a reglamento”, según algunos, o de medidas tendientes a “cuidar la seguridad en un aeropuerto saturado”, según otros, un porcentaje importante de vuelos debieron soportar tediosas y costosas esperas en el aire antes de aterrizar en Aeroparque. A nadie se le escapa que los controladores aéreos, que de la órbita militar pasaron a la civil y en noviembre, por decisión de Cristina Fernández de Kirchner, regresaron al estado anterior, están divididos. Por un lado los que responden al sindicato de controladores aéreos, que encabeza Omar Torres, y por el otro a APTA de Ricardo Cirielli. El conflicto no declarado llevó a que el flamante responsable del transporte en la Argentina, el ministro del Interior Florencio Randazzo convocara a los directivos de todas las aerolíneas, nacionales e internacionales que operan en Aeroparque a un reunión en su despacho el lunes de la semana pasada para coordinar una reducción de las programaciones en un 20%. Randazzo, que se presentó junto a Mariano Recalde de Aerolíneas, no estuvo acompañado en cambio, lo que sorprendió a sus interlocutores, por gente de la Secretaría de Transporte ni de la ANAC, aunque este organismo emitió luego un comunicado explicando la reducción e invitando a los pasajeros a consultar los horarios con las líneas aéreas. En principio se había decidido que la reducción de la oferta se iba a extender hasta este martes, sin embargo, y ante la falta de solución al conflicto, la misma fue prorrogada hasta el próximo viernes. Si los controladores quieren, claro.
