LA JUSTICIA ESPAÑOLA LIMITA EL CASO AEROLÍNEAS A UN DELITO FISCAL

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Ni malversación de fondos públicos, ni falsificación, ni estafa procesal, ni fraude, solo un posible delito fiscal es lo que entiende el Juzgado Central de Instrucción número 6 que debe investigarse por la venta de Aerolíneas Argentinas por parte del Estado español a los empresarios Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual. Esto exonera de cualquier actuación delictiva a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y por consiguiente deja sin efecto la imputación que recaía sobre tres de los funcionarios que intervinieron en la venta de la empresa en 2001 a Air Comet. El juez se acoge así a la tesis de la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal, y les da 10 días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral contra Díaz Ferrán, Pascual y el presidente de Air Comet, Antonio Mata Ramayo, que se enfrentan a un delito contra la Hacienda Pública por el no pago de € 99,05 millones en el Impuesto de Sociedades de Air Comet en 2002. El Código Penal establece para estos casos penas de entre uno y cinco años de prisión, lo que reduce sensiblemente la posible condena de los empresarios. El magistrado consideró que ni la SEPI ni los compradores de Aerolíneas malversaron fondos públicos, ya que “la complicada operación contractual pretendía la venta de empresas con importantes pérdidas, lo que obligaba a la SEPI a realizar aportaciones de dinero público que las mitigaran”.

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