LOS EX DUEÑOS DE AEROLÍNEAS, A JUICIO POR ESTAFA AL ESTADO ESPAÑOL

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LOS EX DUEÑOS DE AEROLÍNEAS, A JUICIO POR ESTAFA AL ESTADO ESPAÑOL

Los ex propietarios de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, están acusados de una maniobra financiera por la que habrían defraudado por € 108 millones al gobierno español. La Audiencia Nacional de España investigará a los empresarios por presuntos delitos de fraude y apropiación indebida de dinero público que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) les había cedido para pagar las deudas de Aerolíneas Argentinas. La historia, reflejada varias veces en Aviación News, arranca exactamente en el momento –octubre de 2002- en que la se produce el traspaso de la compañía al grupo Marsans. En ese momento la SEPI –sociedad del gobierno español que tenía las acciones– le entregó a Interinvest, propietaria de Aerolíneas y bajo control de Air Comet, U$S 300 millones para que liquidara deudas de la aerolínea. Pero los empresarios españoles utilizaron ese dinero para adquirir las deudas presentadas al concurso de acreedores de Aerolíneas Argentinas con el fin de controlar los derechos de voto en ese concurso. Gracias a este mecanismo Air Comet logró que el convenio de acreedores se aprobase con una quita del 60%. Al alterarse los términos del contrato, la investigación abierta por la fiscalía considera que la empresa española había defraudado en el ejercicio fiscal cerrado el 28 de febrero de 2002 la cantidad de € 99.049.520,50 en el Impuesto sobre Sociedades que pagan las empresas en España. La importancia de la cantidad fue lo que hizo que en su momento el Juzgado 35 de Madrid remitiese a la Audiencia Nacional la investigación, que ésta rehusó, y que ahora, tras la decisión del Tribunal Supremo, debe asumir. El Tribunal concluyó que la Audiencia Nacional es la competente para investigar este tipo de delitos fiscales en concepto de fraude, como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Fuentes jurídicas señalaron que la fase de investigación está cerrada, por lo que el juez tendría que avalar su resultado y decretar la apertura del juicio oral contra los acusados.

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