LO QUE ZAPATERO NO DICE LO DICEN SUS FUNCIONARIOS

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Mientras Rodríguez Zapatero apostaba, como corresponde a un político, “a un diálogo abierto y positivo entre el gobierno de España y el argentino también por el tema Aerolíneas”, funcionarios de segundo nivel de aquel país lamentaban ante la prensa que ya sea “una marca de fábrica de los gobiernos argentinos la contradicción entre lo que prometen y lo que luego hacen”. El funcionario agregó que sería una muy mala señal para todos los inversores internacionales, no solo los españoles, que se decidiera la expropiación. Mientras tanto en Buenos Aires, donde una semana antes del encuentro en El Salvador se pasó de un amague de expropiación a negarlo en sólo 24 horas, el Grupo Marsans pedía que se convoque a un tercer tasador para fijar el valor de la empresa tal como lo establece el Acta Acuerdo. “Es tan grande la diferencia entre lo que ellos dicen que vale la compañía y lo que decimos nosotros, que la única solución es recurrir a un tercer tasador independiente elegido de común acuerdo. Nosotros estamos dispuestos a aceptar el resultado, cualquiera sea. ¿Por qué el Gobierno tiene miedo? ¿O acaso piensan que lo que hizo el Tribunal de Tasaciones está mal?”, dijo desafiante un vocero del Grupo Marsans. Para ellos, suponiendo que las compañías tengan algún valor, la salida sería con Austral. “Después de todo lo que querían gremios y funcionarios era a Aerolíneas”. Si bien en esta negociación ambas partes se mueven como si estuvieran frente a un tablero de ajedrez, sorprendió la semana pasada mientras los presidentes de ambos países se encontraban en El Salvador que el Grupo Marsans haya decidido pedir la asistencia del tercer tasador y hasta propuso una serie de nombres. La explicación, dicen, es buscar que la discusión termine lo antes posible “por el bien de la compañía”, ya que ven en el gobierno un intento de dilatar la solución. Otro reclamo es que están cansados de tener enfrente a un negociador de tercer nivel dentro de la estructura del Ministerio de Planificación -se refería a Rafael Llorents, subsecretario de Asuntos Legales del Ministerio- “que no está habilitado para tomar decisiones”.

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