LAS URGENCIAS DE UNA BICAMERAL OBEDIENTE

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Horacio Fargosi, presidente de Aerolíneas, había sido invitado este martes por la bicameral para opinar en nombre del grupo español sobre la valuación formalizada por el Tribunal de Tasación. El directivo argumentó que no podía expresar opinión ya que los responsables de la negociación, los españoles Vicente Muñoz y Eduardo Aranda, no estaban en el país. Se decidió, entonces, pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves. Pero cuando Fargosi se retiraba llegó un escrito firmado por los representantes del Grupo Marsans rechazando la valuación hecha por el Tribunal de Tasación. “Interinvest no acepta por ninguna circunstancia que el valor de las empresas sea cero o menor a cero y no venderá las acciones de las empresas al precio establecido por el Tribunal de Tasación”, decía el escrito. En pocos segundos la bicameral volvió a sesionar para dar salida en apenas 30 minutos a un dictamen que recomienda al Poder Ejecutivo “garantizar el servicio de Aerolíneas y Austral y propiciar una ley de expropiación”. El dictamen salió con el voto favorable de los 8 miembros del Frente para la Victoria, en disidencia el de dos de los diputados de la oposición (UCR y PRO), que pidieron que “la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación sólo comprenda los activos de las empresas”, y con la ausencia de los otros dos opositores que integran la comisión, los senadores Adolfo Rodríguez Saa (PJ) y Juan Marino (UCR). Con esta recomendación, el Congreso deberá trabajar ahora en la elaboración de un proyecto de ley que podría ser presentado esta misma semana por el oficialismo de la Cámara de Diputados. La idea de los principales referentes del gobierno en ambas cámaras es que la iniciativa esté aprobada “antes de fin de año”, como pretende Néstor Kirchner. Mientras tanto, del otro lado, el Grupo Marsans se prepara para iniciar una demanda contra la Argentina ante el CIADI por u$s 1.000 millones. Según el diario La Nación, el grupo habría contratado hace 15 días los servicios del estudio de abogados estadounidense King and Spalding para que realice los estudios preliminares. También en España se pintan la cara. El rey Juan Carlos y el presidente José Luis Rodríguez Zapatero les habrían asegurado a los empresarios que “el gobierno español se iba a encargar del asunto”. Mientras tanto la empresa, que continúa demandando importantes recursos del Estado para sobrevivir, se encuentra operativamente a la deriva.

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